En cuanto a la Estrategia se han definido seis objetivos a alcanzar en 2030 para dar respuesta a las necesidades de Andalucía, que se traducirá en que, para ese horizonte, el consumo final bruto de energía debe proceder en un 42% de fuentes renovables, ascendiendo dicho porcentaje hasta el 75% en el caso del mix eléctrico, y aspirar a una reducción del consumo de energía tendencial del 39,5%. En el ámbito del transporte, se fija un descenso de la demanda de los derivados de petróleo del 30% respecto a 2019. Todo ello llevaría aparejado la reducción a la mitad de las emisiones de dióxido de carbono asociadas al consumo de energía respecto a 2005.
Asimismo, se plantea la mejora del papel de la Administración como impulsora del cambio de modelo y también como consumidora de energía previendo actuaciones sobre el 30% de la superficie del parque edificatorio propiedad de la Junta para descarbonizar su consumo. A ello hay que sumar el incremento previsto en un 22% de la seguridad en el suministro energético y el número de infraestructuras, a fin de tener una menor dependencia de las importaciones de fuentes fósiles.
Además, la EEA 2030 recoge el desarrollo programático de las 12 líneas prioritarias que se impulsarán desde la Junta para conseguir dichos objetivos, entre las que se encuentran fomentar el aprovechamiento de las energías renovables y el desarrollo sostenible de las redes energéticas; rehabilitar energéticamente edificios de empresas y hogares y su entorno urbano; mejorar la sostenibilidad y competitividad de la industria y del sector servicios a través de la eficiencia energética y el uso de energía renovable; avanzar hacia la movilidad cero emisiones; dinamizar la bioeconomía y la economía circular asociada al sector energético; o potenciar las oportunidades profesionales y empresariales.
En lo relativo al proceso de elaboración, la Agencia ha actuado como Oficina Técnica durante todo el proceso de elaboración de la Estrategia, encargada de realizar el diagnóstico de la situación energética de la comunidad para identificar dificultades y carencias que obstaculizan una adecuada transición energética. Previamente a su aprobación, el documento se ha sometido a una evaluación obteniendo el informe de evaluabilidad favorable emitido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.
