Además de esta triple iniciativa, más o menos conocida en el sector de la industria, AMETIC ha fomentado en este Encuentro -que contó con 100 ponentes- una idea novedosa y ‘buena’ que está vinculada al mundo de la tecnología, sus valores y sus raíces éticas.
En los discursos de bienvenida al evento, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Heréu, significó que la economía digitalizada en una de las prioridades del Gobierno, así como la política industrial, dado que este es un sector “innovador en esencia”. “Sois el motor de la innovación” y “sin innovación no habrá futuro para la economía europea”, enfatizó.
El ministro aludió, como no podía ser de otra forma, al proyecto de Ley de Industria, que ya ha pasado el proceso de audiencia pública y que debería pasar por el necesario trámite parlamentario antes de que acabe 2024. El texto, subrayó Heréu, recoge los retos, los instrumentos, las ambiciones y las ilusiones con el objetivo de convertirse en “expresión de un país”, en una “gran ley de un gran país”.
En la sesión de la tarde del lunes participó en una mesa de debate Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo. Brustenga entró en detallar algunas particularidades de la ley en ciernes. Así, anunció que esta contemplará la elaboración de planes por sexenios para detectar empresas y sectores estratégicos que afiancen la soberanía del país.
García Brustenga sostuvo que el Pacto de Estado por la Reindustrialización se encuentra en “un buen momento en Europa y España, un momento dulce de sensibilidad por lo que es la industria, por los industrialistas. Estamos ganando puntos de valoración social, política. Vamos a ver un punto más de foco y de capacidad de actuación desde la sensibilidad industrial”, como consecuencia de la transformación digital, ecológica, la pandemia que ha puesto en alerta, las guerras, la guerra comercial… En su opinión, se está en un momento con suficiente “motivación para un Pacto de Estado, para que en el país vayamos todos a una, público y privado, diferentes partidos, agentes sociales y económicos”.
“Lo mejor para marcar las bases es una Ley de Industria”, agregó el director general. “En 1992 se aprobó la última Ley de Industria y ahora toca hacer otra cosa, un salto, una ampliación del tablero de juego mucho más grande. Hemos hecho una segunda audiencia pública con 1.900 alegaciones recibidas y se han incorporado 400 de ellas. Hemos hecho un esfuerzo para que sea la ley de todos”, remarcó.
El alto cargo en la materia vaticinó que estrategias de desarrollo como los PERTE pueden tener continuidad en el futuro, una decisión de la nueva Comisión Europa que está negociando el Gobierno de España, pero también consideró que la nueva ley establece el marco para el desarrollo de planes estratégicos a seis años vista con la vista puesta en la autonomía industrial del país.
La nueva Ley de Industria
“La ley supone consolidar lo que hemos aprendido de lo vivido estos años con los PERTE y las inversiones estratégicas; los PERTE estarán presentes de una manera estructural y no coyuntural”. “Es una ley que también intenta llegar más allá de los industriales: a la cultura industrial, a jóvenes, territorios e inversores para que opten por la industria, aprovechando la oportunidad de este momento dulce”, declaró. Y es “un marco para que las comunidades autónomas, los municipios y los agentes sociales trabajen sobre ella como soporte, cada uno desde su competencia”, comentó Brustenga. Finalmente, la ley garantizará la autonomía estratégica de España, “ya que la industria no solo es promoción económica, empleo, arraigo territorial y arrastre de innovación, sino también seguridad nacional.”
“A partir de la aprobación de la ley, que prevemos se hará con el cambio de año, más bien después que antes, habrá una estrategia cada seis años, que identificará sectores, que llamaremos ecosistemas industriales estratégicos”, subrayó.
Brustenga destacó otra novedad que recogerá la nueva normativa: identificar, ordenar y apoyar proyectos autonómicos, nacionales y europeos. Y a nivel de empresa, aquellas que contribuyan de manera activa con su plan de acción a la autonomía estratégica, diversificando la cadena de valor o con procesos de producción que pivotan para hacer un producto estratégico, pasarán a ser empresas estratégicas y tendrán “sus beneficios o compensaciones”.
“Pero también incorporamos otros dos pactos: el de la innovación, que tendrá un capítulo entero en la ley, lo que es una novedad; y un pacto educativo sobre el talento, estudiando la necesidad de determinados perfiles industriales en los próximos años”, concluyó el director general al destacar algunos aspectos.
El alto cargo del MINTUR compartió mesa de debate con Ana Ursúa, directora general de la Asociación de la Industria Navarra; y con Guillermo Dorronsoro, miembro del Grupo de Reflexión de AMETIC.
Ursúa consideró que España, que se marcó en 2014 el objetivo de “tener el 20% de Industria en 2020”, aún le queda “mucho que desarrollar” y recordó que las regiones más competitivas y con una mejor redistribución de la riqueza son las industriales. “Por eso son necesarios los tres pactos: industria, educación, innovación”, apostilló.
Coincidió Ursúa con los demás ponentes en que “estamos en un buen momento” pero “hay que impulsar porque el cambio en este país ha de ser grande.”
En su intervención, Dorronsoro compartió la idea del buen momento que se vive, ya que “se ha recuperado la conciencia de que la industria es muy importante”, pero también transmitió “la mala noticia de que requerirá tiempo y de que habrá que sostener la apuesta después de los PERTE y el Next Generation”.
La mesa de debate también alcanzó el consenso en la necesidad de que la industria española desarrolle más cuerpo y crezca en tamaño, así como que se aplique una fiscalidad que apueste por las empresas de tipo medio que acometan el riesgo de nacer o desarrollarse, siguiendo el modelo de los últimos cambios de la fiscalidad estadounidense.
También apostaron los invitados por facilitar mecanismos de financiación a la hora de incentivar el aumento de tamaño de la industria: “Una de las medidas más potentes para adquirir tamaño es la financiación -dijo Dorronsaro-. Necesitamos instrumentos para que las empresas de tamaño intermedio la encuentren. Los industriales saben cómo crecer, pero lo hacen al ritmo que su capacidad financiera lo permite”.
“En fiscalidad, tenemos un reto muy singular -agregó-. La fiscalidad es la prueba del algodón. Estados Unidos ha dado un salto adelante en fiscalidad y no sé a qué estamos esperando. Es importante apostar por una fiscalidad con esquemas a varios años vista”.
Ursúa, por su parte, consideró que “el tamaño de nuestra industria es uno de los grandes retos porque impide la mejora de la competitividad. Echamos en falta más multinacionales de origen español”.
Educación con mayúsculas
El segundo Pacto de Estado sobre el que pivotó el Congreso de AMETIC es el que apunta a la Educación y la Formación, consideradas ambas disciplinas en mayúsculas.
“Una sociedad que no aprende a la velocidad a la que se mueve su entorno acaba desapareciendo. No somos conscientes del cambio de la sociedad y la necesidad de aprender de forma distinta”, dijo Javier Rodríguez-Zapatero, miembro del Comité Ejecutivo de AMETIC y coordinador de la propuesta de AMETIC de Pacto de Estado para la Educación y la Formación. Aunque, “la oportunidad de mejorar el sistema educativo español es brutal”, añadió.
Rodríguez-Zapatero intervino en la sesión de mañana del martes dedicada, en parte, a este asunto, interviniendo en una mesa donde compartió opiniones con Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional; José Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI); y dos miembros del Grupo de Reflexión de AMETIC.
El pacto propuesto por la patronal tecnológica tiene siete objetivos: educación de calidad en todos los niveles, desde Primaria hasta la Universidad, fomento del desarrollo del talento, empoderamiento de la función educativa, impulso de la inversión en educación, y de métodos pedagógicos que faciliten el aprendizaje, generación de un sistema de mediación y evaluación, y creación de vías para la colaboración y comunicación de todas las partes interesadas.
Sara de la Rica, del Grupo de Reflexión de AMETIC, resaltó la complejidad del reto lanzado. “La vida es mucho más que el empleo. Aunque estuviéramos de acuerdo en el qué, el cómo es muy complejo porque hay muchas maneras. Y en España hay tres elementos que lo complican más: 17 autonomías con competencias y distintos intereses; un profesorado que tiene una edad media alta; y asegurarnos que el talento llegue a todas las capas sociales”.
De la Rica matizó en su apelación a una educación integral de la persona, y el efecto de la tecnología en el proceso educativo, que hay estudios que constatan que “las competencias bajan mucho cuando utilizamos masivamente la tecnología. Pasa en todos los países Pisa. Necesitamos saber por qué. La sensación que da es que hay una dispersión de la atención. Hay que entender mejor cómo usar la tecnología para adquirir las competencias necesarias”.
José Bayón, director general de EOI -la escuela de negocios más antigua de España-, indicó que lo que hay que pretender es un pacto más social que político, con puntos de acuerdo sobre qué tipo de educación se pretende como sociedad. Sobre esta base, no debería haber problema de acuerdos con las comunidades autónomas, agregó, ya que es cuestión de tener los conceptos claros, más que de lo que se vote.
La secretaria general de Formación Profesional abogó, por su parte, por abordar la educación como cualquier otro sector productivo, con una necesidad de adaptación cada vez más rápida. “La digitalización tiene que entrar igual que en cualquier otro sector, sin esperar a que nadie se jubile. Eso implica formar al profesorado, dándole las herramientas para que se sienta cómodo”, indicó Sanz, añadiendo que es necesario “disponer de los mejores profesores, respetando y valorando al profesorado”.
Adriana Botelho, CEO de Keepcoding, indicó que su propia empresa de formación tecnológica es un ejemplo del cumplimiento de los siete objetivos del Pacto de Estado por la Educación y la Formación que ha propuesto AMETIC.
“Llegamos a ese mismo camino cuando entendimos cuál era nuestra labor, que al principio era ser un centro de alto rendimiento en formación de nivel excepcional, hasta que llegó la pandemia y empezamos a preguntar y para nuestra sorpresa el 80% de las respuestas decían que nuestros alumnos querían cambiar de vida y ser felices”.
Fernando Rodríguez, también de Keepcoding, se preguntó cuál es el coste de tener a un desarrollador móvil mareando olivas durante años, o a un profesional del Big Data dando clases de kárate, citando el caso de dos personas que se han formado en tecnología digital en su empresa. “Una sociedad con una crisis demográfica no puede permitírselo. Necesitamos rescatar a la gente. Talento hay y no hacerlo nos implica un coste”, ha indicado.
A su juicio, ampliar la formación en tecnología es necesaria por la expectativa de empleo en los próximos años. Si no hay formación, gran parte de la población corre el riesgo de ser irrelevante en términos de empleo, indicó Rodríguez.
Por su parte, Rosana Fernández, directora de Ventas y Desarrollo de Negocio de Garante, dio cuenta de cómo el sector de los seguros al que se dedica usa la Inteligencia Artificial. “La revolución tecnológica va a cambiar nuestras vidas. Yo creo que hay que ir hacia otro modelo educativo, en el que hay que quitar la memorización. Gracias a la relación con las empresas TIC, nos hemos dado cuenta de la importancia de una educación digital. Volver a la educación tradicional sería un paso atrás”, afirmó, subrayando la importancia del profesorado en esta dinámica.
Elena Ordozgoiti, responsable de Negocio del Sector Servicios de UNE, señaló, por su lado, que las normas contienen información para la sociedad y las empresas, ayudando a desarrollarse, a competir, a estar en los mercados. “Son de gran utilidad para la relación público-privada y la implementación de las políticas públicas”.
GENERAR CONSENSOS
El tercer Pacto de Estado invocado es el de la Innovación, abordado principalmente el miércoles 4, la tercera jornada y última del Congreso celebrado en el imponente Palacio de la Magdalena, sede de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
En esa jornada, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, reclamó la necesidad de “convencer a la sociedad de que la innovación es importante”, al tiempo que destacó la relevancia para este proceso de la colaboración entre la Administración y las empresas, y de éstas entre sí, y la capacidad de generar consensos.
Riesgo fue la encargada de introducir la mesa que analizó las propuestas de AMETIC de Pacto de Estado para la Innovación, y se refirió a diferentes rankings para resaltar que la innovación en España tiene aspectos positivos, como la proporción de personas formadas en doctorados –no así en doctorados del ámbito tecnológico–, y de artículos científicos de gran impacto o en creatividad, pero otros aspectos negativos, como es el caso de las políticas de innovación y negocio.
La innovación española, en su opinión, choca también con el tamaño de las empresas, la mayoría “muy pequeñas y sin músculo para hacer innovación, y quizá también, en el caso de las grandes, con compañías que tienen menor capacidad tractora que en otros países”.
Por su parte, el miembro del Grupo de Reflexión de AMETIC, Francisco Marín, protagonista también de esta mesa junto a la directora general de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad de SACYR, Marta Gil de la Hoz, juzgó que este Pacto de Estado “no es que sea necesario, es imprescindible porque la innovación en España está absolutamente dispersa”.
Marín admitió que en esta materia hemos mejorado, pero advirtió de que para mejorar el estado de la innovación “es imprescindible hacer políticas específicas y poner a las empresas en el centro de ellas”.
En cuanto a financiación, el experto pidió superar las barreras que impone la fiscalidad, para lo que propuso “corregir en los próximos presupuestos generales del Estado el impuesto mínimo de Sociedades incorporando las actividades de I+D como excepciones; agilizar las ayudas, y que la certificación de un proyecto por parte del CDTI vaya a misa y no sea objeto de revisión por parte de Hacienda”.
Por último, Marín reclamó a las autoridades la creación de un Consejo Nacional de Innovación. “España avanza en innovación, pero este organismo sería el acelerador al permitir converger a todos los actores”, indicó.
Gil de la Hoz aseguró que la innovación tiene por delante retos “cada vez más complejos y comunes a varios sectores”, pero también varias fortalezas derivadas, de un lado, del sector público con una capacidad tractora brutal, y de otro, también del privado, al que pidió tener en sus estrategias un enfoque de “cadena de valor”.
Sobre la licitación de proyectos, la representante de SACYR ahondó en que “si el cliente solo se fija en el precio, entonces estamos muertos”. Por eso, saludó la iniciativa de la Administración de incorporar criterios de innovación en los pliegos de las licitaciones.
Desarrollados los tres Pactos de Estado, ahora toca abordar la “novedad” que citamos en el título de esta crónica. Se trata de un concepto novedoso que circula por Internet desde hace menos de dos años: la denominada “tecnología para el bien”, una descripción del espacio donde se utiliza la tecnología para abordar grandes problemas sociales y ambientales. Eso engloba, por ejemplo, la tecnología sanitaria, la tecnología educativa, la tecnología limpia, la tecnología femenina y el software ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Cuatro atributos
Para Tan Ming, director ejecutivo fundador del Tech for Good, con sede en Singapur, la tecnología para el bien debe ser transformadora (resolviendo problemas previamente insolubles para conseguir un crecimiento sostenible, equitativo e inclusivo), solidaria (evitando daños o riesgos), facilitadora (permitiendo la eficiencia en favor del beneficio no-financiero) y responsable (no provocando daños). El nuevo término acuñado ha tomado más cuerpo a consecuencia de los evidentes efectos que están teniendo tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial Generativa.
“El propósito que debe alimentar una regulación es que la Inteligencia Artificial (IA) debe estar al servicio de una idea de gobernanza que trascienda la ética: debe incorporar aspectos morales”. Esta es la reflexión final que José María Lassalle, miembro del Grupo de Reflexión AMETIC hizo en la mesa de debate sobre la ‘Tecnología para el bien’. Lassalle fue secretario de Estado de Cultura y también del Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, ha tenido lugar en Santander este miércoles.
Acerca del futuro de la gobernanza de la IA, Lassalle puso en valor la “responsabilidad moral de las consecuencias” del uso de la tecnología.
“Yo constituyo una comunidad humana con los otros: el ser humano es la medida de todas las cosas y el patrón del bien es el respeto de la vida humana -comentó en el foro-. Cuando no se han respetado los valores civilizatorios, los efectos han sido no solo destructivos, material y moralmente. Esto va más allá de una regulación y la ética sobre tecnología. Requiere una educación profunda en valores que hay que activar en las empresas y en el desarrollo de la regulación y ahí la UE comete un error”, ya que “la regulación es insuficiente para una tecnología tan compleja si la ceñimos solo a las consecuencias maléficas que puede liberar”.
Sobre el impacto en el empleo de la IA, José María Lassalle estimó que “la exigencia de la adaptación a la innovación tecnológica es un factor fundamental de la productividad y la capacidad de competencia de la economía, pero también es verdad que las evaluaciones que se hacen ven que el riesgo de sustitución es incremental si no hay una aportación de valor añadido. El debate es dónde va a estar ese valor añadido, que tiene que ver con la educación pública y universal, que no está garantizada”, si no se tiene en cuenta la variable de equidad distributiva.
“Va a haber probablemente un desequilibro crítico para el que estos momentos no hay un modelo de gobernanza claro ni una identificación de los factores de equidad. Esto es un problema muy importante”, valoró Lassalle.
Asimismo, hizo hincapié en la repercusión laboral de la Inteligencia Artificial en el empleo de la clase media. Para ello, reivindica una regulación del mercado:
“Por su propia naturaleza, la IA no solo es una tecnología facilitadora, sino sustitutoria, porque opera en el campo del trabajo intelectual, que es el campo homogeneizado en las clases media”, señaló. Esa repercusión va a alterar los mecanismos de prosperidad en los que se ha basado el capitalismo, opinó. El cambio no puede dejarse en manos del mercado y en el funcionamiento económico de los operadores, dijo. “Requiere supervisión, regulación y gobernanza. La tecnología debe tener un propósito y esto supone un propósito ético que actúa como un sesgo que obviamos pero que es fundamental para la innovación y la competitividad: el sesgo civilizatorio”.
Lassalle concluyó su intervención con una frase que resume su deseo de una “tecnología facilitadora para la dignidad”.
En términos de producción se pronunció Xavier Castilla, también del Grupo de Reflexión de AMETIC. “Parte del problema que tenemos en España es el gran número de pequeñas empresas (1,1 millones, de menos de 10 empleados). Pensar que la IA va a generar un gran valor añadido no va a ocurrir porque hay un gran obstáculo en el sector productivo”, pronosticó. A su juicio, “la Administración debiera ser más activa a la hora de definir la gobernanza que queremos, no solo para la IA, sino para la actividad industrial”,
Jesús Hernández, de Fundación ONCE, dio cuenta de innovaciones tecnológicas aplicadas a las personas con discapacidad, tales como ratones de boca para interactuar con el ordenador y el Blind Computing Interface, que busca conectar la interfaz con el cerebro, o a través del iris (eye tracking), o cómo se traducen a lectura fácil textos complejos para personas que no conocen el idioma, con analfabetismo funcional o discapacidad intelectual.
“La tecnología potencia la capacidad de quienes lo tenemos más difícil y ayuda a la sociedad a ser más productiva”, matizó Hernández, quien no dudó de que la edad no es un impedimento para que una persona adquiera nuevas habilidades, una adaptación sobre una base tecnológica.
“Hemos abrazado la IA porque nos puede ayudar muchísimo. Hemos conseguido que personas encuentren empleo y que su autoestima se haya disparado. Estamos consiguiendo que la tecnología potencie las capacidades, crear empleo y empleo verde”, admitió.
