El estudio, titulado La contribución de la energía nuclear a la competitividad industrial en España, fue presentado en una jornada organizada por la CEOE. Durante el acto, Laureano Álvarez, socio del área de Energía de Deloitte, subrayó que prolongar la vida del parque nuclear es clave tanto para reforzar la competitividad de la industria como para avanzar en la autonomía energética del país. A su juicio, el escenario actual poco tiene que ver con el existente en 2019, cuando se pactó el cierre progresivo de las centrales entre las empresas propietarias y Enresa.
Desde entonces, explicó, el despliegue de renovables y de sistemas de almacenamiento no ha avanzado al ritmo esperado, mientras que el contexto geopolítico ha puesto en primer plano la seguridad de suministro y la estabilidad de precios. En este marco, el informe plantea que mantener operativas las nucleares permitiría reducir el precio mayorista de la electricidad en unos 14 euros por MWh en 2035 respecto al escenario de cierre, a los que se sumaría aproximadamente un euro adicional por el menor coste futuro de tecnologías como las baterías.
El documento pone el foco en el peso de la energía en la industria española, que emplea a más de 2,2 millones de personas y soporta una factura energética superior a los 15.500 millones de euros anuales. Además, destaca la elevada volatilidad de los precios registrada en los últimos años: tomando como referencia 2019, los costes se multiplicaron por más de dos en 2022 y siguieron siendo un 40% superiores en 2023.
De media, la energía representa alrededor del 25% del beneficio operativo de las empresas industriales, un porcentaje que se dispara en sectores electrointensivos como la metalurgia, la química, la cerámica o el papel. En estos ámbitos, el ahorro derivado de la extensión de las nucleares podría suponer entre un 6% y un 24% del beneficio neto.
El informe también resalta que la energía nuclear encaja especialmente bien con el perfil de consumo industrial, caracterizado por una demanda continua y prolongada a lo largo del año. En 2024, esta tecnología aportó en torno al 20% de la electricidad generada en España, con más de 7.700 horas equivalentes de funcionamiento. A ello se suma que el consumo industrial se concentra principalmente en Cataluña, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que aglutinan cerca del 60% del total.
Desde el punto de vista medioambiental, Deloitte estima que mantener las centrales abiertas evitaría la emisión de unos 14 millones de toneladas de CO2 anuales en 2035, al reducir la necesidad de recurrir a centrales de ciclo combinado. Además, contribuiría a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y a limitar la volatilidad de precios, como ya ocurrió durante la crisis energética de 2022, cuando la operación del parque nuclear evitó costes adicionales estimados en unos 5.000 millones de euros.
En el plano empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió que el debate sobre el futuro de la nuclear debería basarse en datos y no en planteamientos ideológicos. En este sentido, reclamó neutralidad tecnológica y recordó que todas las fuentes energéticas son necesarias para garantizar precios razonables y competitividad.
Una visión compartida por el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, quien calificó de “sentido común” prolongar la vida de unas instalaciones ya existentes que generan una quinta parte de la electricidad del país y contribuyen de forma decisiva a la reducción de emisiones. Según Araluce, la percepción social sobre esta tecnología está cambiando, un factor que, a su juicio, debería ser tenido en cuenta por los responsables políticos.
