La asociación sostiene que el decreto obliga a los operadores a cumplir requisitos de adicionalidad y correlación horaria que considera inviables o, alternativamente, a aceptar desconexiones prioritarias de sus instalaciones. Según SpainDC, esta última posibilidad resulta incompatible con el funcionamiento continuo que requieren estas infraestructuras críticas.
La organización asegura que la regulación sale adelante pese a las advertencias formuladas por el sector y por organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También critica que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no se haya reunido con la asociación durante la elaboración de la norma.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, considera que la regulación puede afectar a la soberanía digital española y aumentar la dependencia tecnológica de otros países. «Sin centros de datos en nuestro territorio no hay autonomía tecnológica posible», afirma. La asociación advierte de que las inversiones previstas podrían trasladarse a otros mercados europeos, con la consiguiente pérdida de actividad económica, innovación y desarrollo industrial.
En la misma línea, la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, cuestiona la aprobación del decreto mediante una tramitación urgente y sin consenso con el sector. Villacís sostiene que los operadores no deben asumir las consecuencias de la falta de planificación y de inversión en las redes eléctricas y advierte de que las nuevas exigencias pueden desincentivar la llegada de proyectos a España.
SpainDC cuestiona las cifras del Gobierno
La asociación también pone en duda los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la regulación, especialmente las comparaciones con Irlanda y las previsiones sobre el impacto de los centros de datos en el sistema eléctrico.
SpainDC señala que estas instalaciones representan el 23% del consumo eléctrico en Irlanda, frente al 5% en Países Bajos y el 0,8% en España. Por ello, considera que la situación del mercado irlandés no puede extrapolarse directamente al caso español.
Otro de los puntos de discrepancia son los 5.000 millones de euros de sobrecoste eléctrico anunciados por la ministra Sara Aagesen. La asociación cuestiona el origen y la metodología de esta estimación y reclama al Gobierno que explique cómo se ha calculado.
Como argumento, cita un análisis de la consultora Wood Mackenzie, según el cual la incorporación de 3 GW adicionales de centros de datos elevaría el precio eléctrico medio final apenas un 1,3% en 2030.
SpainDC mantiene que estas estimaciones apuntan a un impacto inferior al planteado por el Ejecutivo y considera que la regulación debería tener en cuenta los estudios técnicos disponibles y las previsiones de crecimiento de la industria.
La organización ha anunciado que mantendrá su oposición al decreto tanto en los tribunales como en los ámbitos institucionales y políticos, con el objetivo de conseguir su derogación o una modificación sustancial.
SpainDC agrupa a más de 300 compañías, entre ellas los principales operadores de centros de datos en España y empresas de toda la cadena de valor del sector.

