Esta es una de las conclusiones del informe Benchmark fiscal europeo: Competitividad empresarial y la paradoja de la innovación en España, elaborado por FI Group by EPSA, consultora global especializada en la gestión de la financiación de la I+D+i. El estudio pone de manifiesto que, aunque España dispone de una de las normativas de incentivos más generosas, solo una mínima parte del crédito fiscal disponible llega a transformarse en recursos financieros efectivos para la cuenta de resultados de las compañías.
Para entender el origen de esta brecha, el estudio analiza la Tasa de Subsidio Fiscal Implícito, un indicador económico que mide qué proporción del coste de una inversión en I+D puede ser compensada mediante beneficios e incentivos fiscales. En España, este indicador alcanza el 33%, más que duplicando la media de la Unión Europea (16%). Sin embargo, debido a las dificultades de tramitación, la falta de trazabilidad y la prudencia fiscal, las empresas apenas llegan a materializar un 15% de ese beneficio potencial.
Brecha entre la generosidad normativa y la liquidez real
Esta falta de retorno efectivo repercute directamente en la intensidad inversora del país. Según los datos analizados en el informe, España destina únicamente un 1,5% de su PIB a I+D, frente al 2,3% de la media comunitaria y lejos del más del 3% de economías como Bélgica, Alemania o Suecia.
Frente a la rigidez del sistema español, el benchmark sitúa como referencia a ecosistemas como el del Reino Unido, que logra convertir su esquema de incentivos en un apoyo fiscal efectivo del 0,33% del PIB. La clave británica radica en la agilidad de sus mecanismos de devolución y en la certidumbre procesal, factores que permiten transformar los derechos fiscales en liquidez inmediata para reinvertir en crecimiento tecnológico.
Barreras operativas que diluyen el beneficio fiscal
El desajuste entre la generosidad de la norma española y su retorno económico real responde principalmente a la falta de trazabilidad documental en los proyectos, la habitual confusión al calificar actividades entre I+D e Innovación Tecnológica (IT) y el temor a revisiones de la Administración, factores que llevan a muchas organizaciones a renunciar a deducciones legítimas.
Tal y como señala Almudena Losilla, Head of Tax Credit en FI Group by EPSA: «Para que las empresas no sigan perdiendo el 85% de un apoyo fiscal que la propia ley les reconoce, es imprescindible que los incentivos dejen de abordarse como una gestión puntual a año cerrado y se integren desde la fase inicial de planificación de los proyectos, garantizando la trazabilidad y la solidez técnica de cada euro invertido».
