La petición ha centrado la apertura del Congreso, en un contexto marcado además por el anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre. Julio Artiñano, responsable de Cogen España, ha señalado que el sector afronta un momento de inflexión y ha defendido que la cogeneración debe evolucionar hacia un modelo más flexible, híbrido y orientado a la descarbonización. “Es una cogeneración diferente”, ha resumido, al explicar que las nuevas instalaciones deberán combinar generación con almacenamiento, electrificación, recuperación de calor, captura de CO2, digitalización y combustibles renovables, entre otras tecnologías.
El presidente de Acogen, José Ignacio Castillo, ha situado el principal problema en el deterioro sufrido por la cogeneración en los últimos años. Según ha expuesto, entre 2019 y 2025 la producción cogeneradora se redujo a la mitad y su aportación al sistema eléctrico español pasó del 12% al 6%, mientras que en lo que va de 2026 se sitúa por debajo del 5%. Entre 2020 y 2025, ha explicado, alrededor de 300 cogeneraciones, con unos 2.300 MW de potencia, habrían detenido su actividad tras agotar su vida útil retributiva mientras se esperaba el nuevo marco para su renovación.
Para Castillo, la respuesta pasa por dos medidas complementarias: poner en marcha las subastas de 1.200 MW y establecer un mecanismo transitorio que evite que las instalaciones existentes tengan que cerrar antes de que puedan materializarse las nuevas inversiones. El marco contempla dos convocatorias de 600 MW, con una inversión estimada de unos 2.200 millones de euros para nuevas plantas y para la modernización de las existentes, incluyendo instalaciones de gas preparadas para utilizar hidrógeno y plantas de biomasa.
“Cinco años después del anuncio, las empresas necesitan condiciones definitivas para obtener ofertas, cerrar proyectos y aprobar inversiones”, ha reclamado el presidente de Acogen, que ha pedido la publicación de la convocatoria ya tramitada y la confirmación definitiva del calendario de la primera subasta. A su juicio, la confianza inversora necesita certezas y el nuevo modelo debe permitir a cada industria configurar su propia combinación tecnológica mediante flexibilidad, hibridación, almacenamiento eléctrico y térmico, electrificación, captura de CO2 y herramientas digitales.
El otro gran elemento de preocupación es el periodo que transcurrirá entre el agotamiento de las instalaciones actuales y la entrada en funcionamiento de las nuevas. Los proyectos de renovación pueden requerir entre dos y cinco años y, según Castillo, otras 100 instalaciones, con alrededor de 1.000 MW, afrontarán el agotamiento de su vida útil retributiva durante los próximos años. Por ello, Acogen plantea una retribución por extensión de vida útil hasta 2031 para las plantas que hayan agotado o agoten su régimen retributivo, siempre que mantengan los requisitos de eficiencia energética.
La advertencia es que, sin este mecanismo de continuidad, una parte sustancial de la capacidad de cogeneración podría quedar parada antes de que lleguen las nuevas inversiones. El objetivo, según Castillo, es “invertir para renovar y mantener la actividad mientras se renueva”, preservando al mismo tiempo la actividad industrial, el empleo y la generación distribuida.
En la apertura industrial, Rubén Hernando, senior advisor de FTI, ha incidido en que la cogeneración no debe contemplarse como una alternativa enfrentada a la electrificación, sino como una de las herramientas que permiten a la industria avanzar en su transición energética. “Que no se vea más la cogeneración como una alternativa a la transición energética, sino una herramienta para hacer posible esa transición”, ha defendido.
Hernando ha advertido además de que la electrificación del calor continúa siendo, en numerosos procesos industriales, una opción costosa y compleja, que requiere nuevas infraestructuras y fuertes inversiones. Por ello, ha reclamado que cogeneración, electrificación, recuperación de calor, almacenamiento y biomasa puedan combinarse en función de las necesidades de cada fábrica.
En la misma línea, Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad Industrial, ha identificado una palabra como la principal necesidad del sector: “certidumbre”. A su juicio, la industria necesita estabilidad regulatoria y visibilidad suficiente para poder calcular inversiones, captar capital y tomar decisiones con horizontes de largo plazo.
Reinoso ha defendido que la cogeneración no debe entenderse únicamente como una tecnología, sino como una herramienta de eficiencia y competitividad industrial. “La defensa que hacéis de la cogeneración no es una defensa de una tecnología, no es una defensa de un sector”, ha señalado, sino “una defensa de la eficiencia energética” y de la competitividad de la industria.
El portavoz de la Alianza ha subrayado que el futuro de la cogeneración será necesariamente diferente al del pasado, con mayor flexibilidad, capacidad de modulación y utilización de nuevos combustibles. El reto, ha apuntado, consiste en convertir las capacidades energéticas existentes en ventajas industriales y evitar que la incertidumbre regulatoria frene el proceso inversor.
También Alberto Martín, socio de consultoría de Energía de PwC, ha puesto cifras a la pérdida de actividad industrial asociada al deterioro de la cogeneración. Ha señalado que el consumo de gas industrial se ha reducido un 23% respecto a 2019, mientras que en las industrias vinculadas a la cogeneración la caída alcanza el 52%. En este contexto, ha defendido la necesidad de reactivar la actividad industrial y ha advertido de que las subastas de 600 MW para 2026 y otros 600 MW para 2027 no cubren por sí solas toda la capacidad que se está perdiendo.
Martín ha señalado asimismo que la potencia instalada de las tecnologías de cogeneración y tratamiento y valorización de residuos ha pasado de unos 5 GW en 2020 a 3,3 GW en 2025, con una previsión de situarse por debajo de los 2 GW en 2030 si no se produce un cambio de tendencia. A su juicio, existe un desfase de potencia respecto a los objetivos planteados para 2030 y las subastas de 1.200 MW no serían suficientes para compensar la pérdida acumulada.
La mesa política ha trasladado estas reclamaciones al debate energético previo a las elecciones del 29 de noviembre. La sesión, dedicada a las perspectivas energéticas de España, ha contado con José Antonio Valbuena, representante del PSOE; Juan Diego Requena, representante del PP; Ricardo Chamorro, diputado de Vox; e Igotz López, senador del PNV.
Uno de los puntos de coincidencia ha sido la dificultad de que la energía ocupe un lugar central en la campaña electoral frente a otras cuestiones, aunque los representantes políticos han defendido la relevancia estratégica de la energía para la industria. Desde el PP, Juan Diego Requena ha apostado por abordar la transición energética desde la competitividad, la descarbonización y la seguridad de suministro, y ha defendido un marco basado en la “neutralidad tecnológica, neutralidad fiscal y neutralidad regulatoria”.
Desde el PSOE, José Antonio Valbuena ha defendido la continuidad de las políticas energéticas desarrolladas desde 2018 y ha destacado el crecimiento de las renovables, el autoconsumo y las inversiones asociadas a la transición energética. También ha apuntado a la necesidad de continuar modernizando las redes de transporte y distribución para acompañar la transformación industrial.
Por su parte, Ricardo Chamorro, diputado de Vox, ha vinculado directamente la energía con la reindustrialización y ha reclamado un marco favorable a la inversión. “Queremos reindustrializar España, queremos crear ese ambiente favorable a la inversión y cambiar de paradigma”, ha afirmado, situando la energía y la cogeneración entre los elementos centrales de esa estrategia.
Desde el PNV, Igotz López ha defendido también la necesidad de dar certidumbre a la industria y al sector energético, y ha respaldado la continuidad de las subastas de cogeneración y la transformación tecnológica de las instalaciones existentes. En este sentido, ha apostado por la hibridación y el almacenamiento y ha reclamado un mecanismo que permita prolongar la vida útil de las plantas mientras se ejecutan las inversiones. “Las transformaciones no se hacen de un día para otro”, ha advertido.
El debate político ha dejado así un denominador común con las intervenciones empresariales: la necesidad de evitar una nueva pérdida de capacidad industrial durante el periodo de transición y de generar un marco suficientemente estable para que las empresas puedan invertir. Para el sector, la prioridad inmediata pasa ahora por que las subastas se materialicen y por disponer de una solución para las instalaciones que deben continuar operando hasta que las nuevas plantas estén construidas.
La conclusión de la jornada de apertura ha quedado resumida por Julio Artiñano, que ha defendido que la cogeneración afronta un “punto de inflexión” y que el futuro pasa por una tecnología más flexible, descarbonizada y capaz de integrarse con otras soluciones energéticas. “Tenemos que ser capaces de mirar el futuro con ambición”, ha señalado.
El XXII Congreso de Cogeneración se plantea así como un punto de encuentro entre industria, energía y política en un momento especialmente relevante para el sector: con el nuevo marco regulatorio prácticamente definido, las subastas pendientes de activación y cientos de instalaciones afrontando el final de su vida útil retributiva. El mensaje trasladado desde la apertura es claro: la industria está dispuesta a invertir, pero reclama certezas para poder hacerlo.
