La jornada sirvió para analizar el crecimiento de un mercado que, en apenas dos años, ha movilizado miles de actuaciones de eficiencia energética y cientos de millones de euros en inversión. Pero también para poner sobre la mesa los grandes retos de la siguiente etapa: más control técnico, digitalización, homogeneización de criterios y, sobre todo, la incorporación definitiva de la Administración pública.
Desde la apertura del congreso, Pilar Pérez de la Cuadra, miembro de la Junta Directiva de A3E y responsable de la Oficina de Rehabilitación del COAM, destacó que el sistema “ha pasado en muy poco tiempo de una novedad regulatoria” a convertirse en “un impulso efectivo de inversión y de activación en actuaciones de rehabilitación”.
Pérez de la Cuadra advirtió además de que el sistema entra ahora en una nueva dimensión, especialmente en el ámbito residencial. “No sólo cuánto ahorro energético somos capaces de generar, sino qué tipo de ahorro estamos incentivando”, señaló, defendiendo que el reto ya no es únicamente técnico, sino también social y urbano.
Uno de los mensajes más repetidos durante el congreso fue que el sistema ya ha demostrado capacidad para generar mercado. Víctor Marcos Morell, director de Planificación y Coordinación Energética del MITERD, aseguró que el éxito del mecanismo reside en “alinear los incentivos”, algo que calificó como “la clave para que una política pública tenga éxito”.
Marcos agradeció además el trabajo de comunidades autónomas, verificadores, sujetos delegados y empresas privadas. “Sin vuestra acción diaria, este sistema no existiría”, afirmó.
En esa misma línea, Jacobo Llerena, subdirector general de la SGEAE del Miterd, defendió que el sistema debe seguir siendo “un marco flexible y dinámico” basado en la iniciativa privada. “La participación activa, la inversión de las empresas es clave”, subrayó.
Llerena protagonizó una de las intervenciones más comentadas del congreso bajo una idea central: “Novedades, volviendo a los orígenes”. Según explicó, el sistema no puede convertirse en un modelo excesivamente rígido o burocrático. “Esto no es para que el Ministerio diga lo que tienes que hacer en un marco muy delimitado”, afirmó.
Para ilustrar esa filosofía relató el caso de un proyecto de rehabilitación residencial en Barcelona donde los ingresos derivados de los CAE iban a utilizarse como fondo de reserva para cubrir posibles impagos vecinales. Llerena calificó la iniciativa como “brillante” y la utilizó como ejemplo de la capacidad innovadora del mercado.
Un mercado que se acerca al equilibrio
Uno de los datos más relevantes del congreso lo aportó Rodrigo Morell, director general de Creara, que analizó la evolución del equilibrio entre oferta y demanda de certificados.
Morell explicó que “en 2024 nos quedamos a un 18%” de diferencia entre la demanda potencial y los CAE generados, mientras que en 2025 “estaríamos en un gap del 10%”.
“El mercado se acerca a un equilibrio que probablemente puede incluso exceder a ese equilibrio para los objetivos”, aseguró.
El director general de Creara defendió además que el sistema “funciona” y explicó que el mercado ha generado ingresos equivalentes a “entre 600 millones de euros”, que traducidos a inversión energética representarían alrededor de “2.000 millones de euros”.
Sin embargo, Morell advirtió de que ese crecimiento sigue apoyándose casi exclusivamente en el sector privado y defendió la necesidad de incorporar masivamente a la Administración pública.
También destacó el papel decisivo de los sujetos delegados dentro del modelo español. Según explicó, “están aportando dos de cada tres kilovatios hora” certificados y en sectores como residencial y terciario llegan a movilizar “casi el 80%” de los ahorros.
El sector industrial acelera
La mesa redonda dedicada a la industria confirmó que el sector industrial se ha convertido en uno de los grandes motores del sistema CAE.
El responsable de Eficiencia Energética en Eiffage energía, Pedro Acosta, aseguró que “hay muchísimas actuaciones todavía en el sector industrial que no están saliendo a la luz” y defendió que el gran reto ahora es “hacer el sistema creíble, sólido y capaz de llegar a todos los agentes”.
Acosta subrayó además que el sistema empieza a influir ya en las decisiones de inversión industriales. “Antes era monetizar inversiones ya decididas, pero ahora sí se plantea hacer inversiones utilizando el CAE como palanca”, afirmó.
Desde el Miterd, el consejero técnico de la SGEAE, Guillermo López, defendió que el impacto del sistema ya empieza a reflejarse en indicadores macroeconómicos y energéticos. “Estamos viendo que manteniendo producción, incluso aumentando producción, se está reduciendo el consumo energético”, señaló.
López consideró además que el gran cambio del sistema es haber conseguido implicar a perfiles financieros dentro de las empresas industriales. “Los CAE han sido muy útiles para que el director financiero diga: esto ya no es sólo una obra, es una inversión con retorno”, explicó.
Por su parte, Esperanza Sánchez, responsable de Estrategia y Política Industrial de Naturgy, destacó que el sistema ya ha superado la fase inicial. “No estamos en una fase piloto, el sistema se ha consolidado”, afirmó.
Sánchez señaló además que el gran potencial todavía pendiente está en intervenir directamente sobre los procesos productivos. “Ahí es donde está realmente el potencial y se ha visto en las actuaciones singulares”, aseguró.
En representación del ámbito verificador, el presidente ejecutivo de Marwen, Javier Martínez, defendió la necesidad de reforzar la coordinación técnica entre todos los actores implicados. “Tenemos que plantear medidas para que el sistema funcione mejor”, señaló.
Martínez advirtió además de que el sector industrial debe perder el miedo a las actuaciones singulares. “Hay mucho ahorro en empresas con procesos térmicos y tenemos que perderle el miedo a la singular”, afirmó.
Más rigor y primeras inspecciones
Si hubo una palabra repetida durante toda la jornada fue “rigor”. El consenso general fue claro: el sistema ha crecido muy rápido y necesita reforzar controles para consolidarse.
Desde el Ministerio se confirmó el inicio de las primeras inspecciones y procedimientos sancionadores. Jacobo Llerena lanzó un mensaje contundente: “Cuando sancionamos, sancionamos”.
La preocupación por la calidad documental de algunos expedientes también estuvo muy presente. María Cubillo, socia-directora de Sinceo2, defendió que la verificación técnica debe convertirse en “uno de los pilares fundamentales del sistema”.
Cubillo advirtió de que el mercado no puede sostenerse únicamente sobre volumen y reclamó más exigencia documental y metodológica. “La confianza es el principal activo del sistema”, afirmó.
En el ámbito jurídico, Juan Pablo Fernández, socio de Deloitte, señaló que uno de los grandes desafíos es adaptar estructuras administrativas tradicionales a un mercado completamente nuevo. “Estamos introduciendo conceptos nuevos en estructuras administrativas y contractuales muy rígidas”, explicó.
Por su parte, María Bertrán, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Loyola Andalucía y socia de Ingae, alertó de que todavía existen numerosas dudas fiscales vinculadas al tratamiento económico de los CAE y defendió avanzar hacia criterios más estables.
El reto de las comunidades autónomas
Las comunidades autónomas protagonizaron una de las mesas más relevantes del congreso. Moderada por Sonia Andrade, miembro del Consejo Directivo de A3E y managing director de Hellio España, la sesión reunió a responsables de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León.
Federico Miralles, director general de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, defendió que la futura plataforma digital será “la solución para ese rigor” y denunció la enorme presión administrativa que soportan las autonomías. “Los únicos que estamos perdiendo dinero son las comunidades autónomas”, afirmó.
Miralles explicó además que Murcia “ha disparado el ahorro” gracias al peso de la industria y el transporte.
Desde Madrid, Suren Bardizbanián, responsable del Sistema CAE de la Comunidad de Madrid, reconoció que la llegada masiva de expedientes desbordó inicialmente a la administración regional. “Nos ha venido el chaparrón”, admitió.
Bardizbanián relató cómo el equipo autonómico tuvo que aprender “sobre la marcha” mientras seguían entrando expedientes. “Lo que hemos hecho es sobrevivir”, resumió.
El responsable madrileño defendió además el papel técnico de las comunidades autónomas. “Nuestro papel fue revisar todo”, afirmó.
Por su parte, Antonio Palacio, jefe de servicio de Energía de la Junta de Andalucía, defendió la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y seguir formando técnicamente tanto a funcionarios como a empresas.
En representación de Castilla y León, Alfredo Cadórniga, responsable del área de Eren-Castilla y León, insistió en la importancia de acercar el sistema a pequeñas y medianas empresas y simplificar determinados procedimientos administrativos.
La gran oportunidad: la Administración pública
La incorporación de la Administración pública fue uno de los grandes ejes del congreso. Según explicó Rodrigo Morell, las administraciones invierten cada año “entre 40.000 y 55.000 millones” en obras, suministros y servicios.
Morell defendió que, si una parte relevante de esas inversiones pudiera monetizarse mediante CAE, el sistema prácticamente duplicaría su tamaño actual.
El director general de Creara analizó además distintas fórmulas jurídicas para integrar los ahorros energéticos en contratos públicos y defendió especialmente los contratos mixtos como herramienta para combinar actuaciones energéticas y monetización de ahorros en una sola licitación.
La mesa dedicada a los retos futuros del sistema puso el foco precisamente en esa nueva etapa de consolidación técnica y administrativa.
La subdirectora adjunta de la SGEAE en el Miterd, Mar Blázquez, aseguró que “la plataforma electrónica ahora mismo es el primero, el segundo y el tercero de los problemas que más nos preocupan”.
Blázquez defendió además que el crecimiento del sistema ha superado las expectativas iniciales del Ministerio. “La recepción ha sido mucho mejor de lo que esperábamos”, afirmó.
Desde el sector privado, Fernando López Zamora, CEO France y Global Head Digital Solutions & White Certificates de Acciona energía, alertó del riesgo de crecer demasiado rápido sin reforzar controles. “El volumen está bien, pero con control”, señaló.
López Zamora defendió además la necesidad de avanzar hacia una digitalización profunda del sistema y reforzar la trazabilidad documental. “Si no digitalizamos bien y no controlamos el rigor, podemos tener un problema”, advirtió.
En representación de las empresas de servicios energéticos, el responsable de Eficiencia Energética de Elecnor, Juan Cuevas, puso el foco en otro desafío emergente: la falta de profesionales cualificados.
“No sé si somos conscientes de lo difícil que es encontrar frigoristas o soldadores”, afirmó Cuevas, que alertó de que el crecimiento del mercado exigirá acelerar la formación técnica especializada.
Cuevas defendió además que los contratos de rendimiento energético y los CAE pueden convertirse en una herramienta decisiva para transformar el sector público. “El contrato de rendimiento energético ligado con el CAE está bien atado”, aseguró.
Desde el ámbito verificador, el responsable de Servicio CAE Singular de EQA,, Óscar Alonso Perera, alertó sobre las diferencias de criterio entre comunidades autónomas. “No puede ser que la variable territorial condicione la viabilidad de un proyecto”, afirmó.
Alonso Perera reclamó una mayor armonización técnica y operativa del sistema para reducir inseguridad jurídica y administrativa. “Necesitamos criterios mucho más visibles y compartidos entre todos”, defendió.
Digitalización y sector residencial
La digitalización apareció como otra de las grandes prioridades del sistema. Tanto el Ministerio como las empresas coincidieron en que la automatización será clave para garantizar trazabilidad, reducir carga administrativa y facilitar la participación de pequeños consumidores.
En el ámbito residencial, Patricia Figar, responsable de gestión CAE de Iberdrola, explicó cómo la compañía ha desarrollado plataformas digitales específicas para tramitar actuaciones vinculadas a rehabilitación o vehículo eléctrico.
Figar defendió que la digitalización permitirá democratizar el acceso a los CAE y facilitar la participación de actuaciones pequeñas, aunque reconoció que todavía existen barreras documentales y de verificación.
Durante la bienvenida, Ginés Ángel García Beltrán, presidente de A3E, aseguró que el sistema representa “una transformación profunda” en la forma de entender la eficiencia energética en España.
“El sistema se ha autocorregido”, afirmó, destacando la capacidad de adaptación demostrada por el mercado durante estos primeros años.
El presidente de A3E lanzó además un mensaje de prudencia ante el rápido crecimiento del sector y recordó que el verdadero reto ya no es únicamente crecer, sino garantizar la calidad y credibilidad del sistema.
El II Congreso CAE dejó así una conclusión compartida: el mecanismo ha superado la fase experimental y entra ahora en una etapa de consolidación donde el equilibrio entre innovación, control y colaboración público-privada será decisivo para su futuro.
