La Federación de Empresas del Metal de Zaragoza ha cerrado un acuerdo con la plataforma de coche compartido TRIBBU para facilitar desplazamientos conjuntos entre trabajadores. La decisión llega después de que el pasado 21 de marzo se publicara en el BOE la nueva normativa estatal de movilidad sostenible, que obliga a las compañías con más de 200 empleados —o 100 por turno— a contar con estos planes antes del 5 de diciembre de 2026. El margen, además, se ha reducido a la mitad respecto a lo inicialmente previsto.
El contexto explica la urgencia. Cada día, más de 17.000 personas se desplazan a los polígonos industriales del entorno de Zaragoza, donde operan más de 650 empresas vinculadas a FEMZ. La concentración de tráfico en horas punta, la dependencia del coche privado y las limitaciones del transporte colectivo han convertido los accesos en un problema recurrente tanto para empresas como para trabajadores.
Fuentes del sector apuntan a que la baja ocupación de los vehículos y la rigidez de las rutas de autobús de empresa han restado eficiencia a los modelos actuales. A esto se suma otro factor: la dificultad para atraer talento cuando el centro de trabajo no es fácilmente accesible sin coche propio.
El acuerdo con TRIBBU busca introducir una alternativa flexible basada en el coche compartido entre empleados. La herramienta permite organizar trayectos de forma interna y, según sus impulsores, podría reducir costes asociados al transporte corporativo, al aparcamiento o a la gestión de accesos.
Además, incorpora incentivos económicos: los conductores reciben una compensación por pasajero y kilómetro recorrido, vinculada al sistema de Certificados de Ahorro Energético promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica. Según las estimaciones que maneja la federación, los usuarios podrían ahorrar más de 200 euros al mes en sus desplazamientos habituales.
Más allá del ahorro, el movimiento anticipa un cambio de enfoque. La movilidad al trabajo —tradicionalmente un asunto logístico— empieza a ganar peso como elemento de competitividad empresarial y de política de sostenibilidad, en un momento en el que la regulación aprieta y los plazos se acortan.
