El objetivo es poner en marcha una batería de medidas para impulsar una transición económica equilibrada en los territorios más afectados por el cierre de explotaciones mineras y centrales térmicas de carbón.
En concreto, la Consejería de Economía e Industria, a través del Igape, destina 80 millones de euros a una nueva línea de ayudas dirigida a la financiación de proyectos de descarbonización y renovación industrial de industrias tractoras, con capacidad para transformar el tejido productivo, modernizar los procesos industriales y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo.
Tal y como explicó el presidente, los proyectos subvencionables deberán localizarse en las comarcas de Ordes, donde se situaba la central de Meirama, Eume, donde se emplazaba la central térmica de As Pontes, y Ferrol, así como «en los ayuntamientos de A Laracha, Carral, Ortigueira, Cerdido y Mañón», al tratarse de las zonas directamente afectadas por el proceso de transición energética.
«Van dirigidas a proyectos que impliquen una inversión mínima de 10 millones de euros y podrán recibir hasta 30 millones»por empresa y proyecto, indicó el presidente, quien explicó que se valorarán especialmente que las iniciativas contribuyan de manera significativa a la merma de las emisiones de gases de efecto invernadero, al avance hacia la neutralidad climática y a la creación de empleo estable y de calidad en el territorio. En este sentido, los proyectos deberán suponer la creación neta de puestos de trabajo indefinidos, reforzando así el impacto social positivo de las actuaciones financiadas.
Las ayudas están orientadas tanto a proyectos de inversión regional como a proyectos de protección del ambiente, incluida la descarbonización, de acuerdo con la normativa europea vigente.
De manera complementaria, Rueda anunció que la Xunta «destina 22 millones de euros a una nueva edición de préstamos parcialmente reembolsables para pequeñas y medianas empresas» en la provincia de A Coruña.
Esta línea permitirá apoyar actuaciones orientadas a la creación de nuevos establecimientos, a la ampliación de la capacidad productiva, a la diversificación de la producción o a la transformación fundamental de los procesos productivos existentes.
En este caso, la inversión mínima es de 60.000 euros y podrá ejecutarse en toda la provincia. Los proyectos deberán mantener el empleo existente y crear nuevos puestos de trabajo, contribuyendo así a la consolidación del tejido empresarial, a la generación de actividad económica y a la fijación de población en el territorio.
El conjunto de estas actuaciones supone un importe total de 102 millones de euros en el inicio del año 2026 en el marco de los Fondos de transición justa, reafirmando el compromiso de la Xunta de Galicia con una transición justa, que compatibilice los objetivos climáticos con la reindustrialización, con la competitividad empresarial y con la creación de oportunidades de empleo de calidad.
Las dos convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de Galicia el próximo 14 de enero y contarán con un plazo de presentación de solicitudes de tres meses en ambos casos, con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a las ayudas y a la financiación prevista en estas líneas de apoyos cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa del Fondo de transición justa 2021-2027.
