La sesión arrancó con una afirmación que marcó el tono del encuentro. Francisco Talavera, socio de Gestión y Justicia, denunció que la normativa no tiene en cuenta la realidad del tejido productivo. Alertó de que “la empresa privada no es toda igual… una pyme en una nave de 350 metros no tiene medios para asumir lo que se le exige”, reivindicando un enfoque regulatorio más proporcional y operativo. Talavera reclamó la creación de centros municipales o supramunicipales para que las pymes puedan depositar residuos de forma legal y asequible, así como la perimetración de los polígonos para evitar vertidos externos. “Si queremos resolver el problema, hay que sentar las bases: censo, centros de recogida, control de accesos y apoyo real a las pymes”, afirmó.
Buena parte del debate giró en torno a la complejidad normativa actual. Marta Carnero, coordinadora de sostenibilidad de AECIM, explicó con claridad el peso que ha supuesto para las empresas la Ley 7/2022 y el Real Decreto 1055/2022 de Envases. Detalló que “la Ley nos obliga a tener segregado cada residuo dentro de la instalación… pero la gestión externa en los polígonos muchas veces no acompaña” y lamentó la duplicidad de cargas que afrontan las pymes: “Tenemos la sensación de que abonamos dos veces: lo que ponemos en el mercado y lo que recibimos”. Carnero subrayó además los conflictos generados por el impuesto al plástico, que incluso grava materiales importados cuando la Agencia Tributaria “interpreta que somos los fabricantes”.
La aplicación de la tasa de basuras industrial está provocando efectos indeseados. Según Carnero, se está produciendo “un efecto frontera” que empuja a empresas de otros municipios a verter residuos donde no les repercute económicamente. “Desde que está esa ley en vigor, esto va a más”, alertó. A ello se suman vertidos ilegales de residuos que llegan desde fuera del polígono, una problemática creciente: “La mayoría de las veces esos residuos no vienen ni del propio polígono… vienen de gente que trabaja en negro”.
Frente a esta situación, la gerente de LYMA Getafe, María Nieves Sevilla, expuso un modelo de gestión que ha demostrado resultados tangibles tras años de trabajo. Getafe ha implantado contenedores inteligentes de acceso restringido, auditorías personalizadas y un fuerte acompañamiento a las empresas. “Lo que hemos conseguido es que no depositen los residuos fuera, que esté toda la documentación correcta y que se esté separando como marca la normativa”, explicó. El salto cuantitativo es enorme: de unos 6.000 kilos recogidos en polígonos en 2020, se pasó a más de 1.860.000 kilos en 2024. Sin embargo, Sevilla reconoció que el escombro sigue siendo “la cruz” de la gestión municipal por su difícil trazabilidad y control sancionador.
La financiación pública emergió como otro de los puntos clave de la jornada. La directora general de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid, Eva María Castro, lamentó que las ayudas autonómicas destinadas a la mejora de polígonos no se estén solicitando. Aseguró que “no es un problema de que las ayudas sean complicadas… es que no se solicitan”, recordando que cubren hasta el 50% de inversiones en asfaltado, iluminación, cámaras, redes de saneamiento o infraestructuras de gestión de residuos. Castro insistió en que las convocatorias están diseñadas para ser rápidas, accesibles y compatibles con obras ya ejecutadas: “Aquel que llega y presenta la documentación completa, tiene la subvención”.
El administrador de fincas colegiado en Pulido Gestión de Fincas S.L, Ricardo Pulido, reclamó que las comunidades de propietarios —la forma jurídica más extendida en el suelo industrial madrileño— sean tratadas como beneficiarios plenos de las líneas de ayuda. “El 90% de los polígonos industriales son comunidades de propietarios; no podemos dejarlas fuera”, afirmó, advirtiendo además de la incongruencia fiscal que supone que las subvenciones se imputen como renta a cada propietario. “El dinero debe quedarse en el polígono, no penalizarse en la declaración”, reclamó.
La prueba de que las subvenciones funcionan cuando se solicitan llegó de la mano de Raúl Fernández, presidente del Polígono industrial «Nuevo Valdonaire». Su comunidad obtuvo 45.000 euros —el 50% de la inversión— para un proyecto de asfaltado y saneamiento: “Pedimos en abril, nos confirmaron en junio, ejecutamos en agosto y cobramos el 5 de enero”, resumió.
La clausura institucional reforzó el mensaje de corresponsabilidad. El secretario general de AECIM, José María Roncero, advirtió que “cuando una ayuda pública no se ejecuta, la tendencia natural es a desaparecer… tenemos una responsabilidad compartida”. Por su parte, Cristina Aparicio, directora general de Transición Energética y Economía Circular, recordó que la sostenibilidad es ya un elemento imprescindible del ecosistema industrial y que la administración trabaja para aportar seguridad en un marco regulatorio “cada vez más complejo”.
El encuentro concluyó con una evidencia compartida: los polígonos industriales necesitan una modernización profunda, pero también un marco regulatorio viable y un uso real de los fondos disponibles. La competitividad del tejido industrial madrileño dependerá en gran medida de que las pymes dispongan de herramientas, infraestructuras y normativas ajustadas a su realidad.
