Ahora, una alarmante solicitud urgente de Red Eléctrica de España (REE) a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), advirtiendo de «variaciones bruscas de tensión» que amenazan con repetir el colapso, ha confirmado los peores temores del sector industrial. La incertidumbre ha dejado paso a una inestabilidad operativa reconocida, y la industria, primera damnificada, exige pasar de la cautela a la acción.
El Foro Industria y Energía (FIE) ha sido particularmente crítico con la evolución de la crisis. En su análisis, señala que «lo que en un inicio fue un evento técnico muy complejo se ha convertido, tras el reciente y insólito SOS de Red Eléctrica (REE) a la CNMC, en una preocupación operativa inminente». Esta advertencia pública, sin precedentes, no solo valida las inquietudes planteadas históricamente por el sector industrial, sino que fuerza lo que el FIE denomina una «reevaluación urgente y profunda de la gestión energética a nivel corporativo».
El diagnóstico de AEGE: más allá de la red
En este sentido, Pedro González, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), analiza para industry TALKS la situación con la mirada puesta en la continuidad de negocio de sus asociados. Desde su perspectiva, el problema no es el que se suele esgrimir en un primer momento. «No parece que el problema se encuentre en la red, porque nuestra demanda es hoy la de hace 20 años. Por tanto, la red está dimensionada para abastecer el suministro», afirma con contundencia. Este planteamiento descarta la obsolescencia de las infraestructuras como causa principal.
El verdadero quid de la cuestión, señala González, es el cambio de modelo de generación. «El principal cambio proviene de las tecnologías de generación, que han introducido nuevos retos en la gestión». Y aquí, España es un laboratorio de vanguardia, para lo bueno y para lo malo. «También España es el país que gestiona mayor energía renovable eólica y fotovoltaica y debe afrontar retos antes que otros». Este liderazgo renovable conlleva la pesada losa de ser el primero en navegar por aguas inexploradas, donde la intermitencia y la gestión de la tensión se convierten en rompecabezas diarios.
Pero el director de AEGE añade un factor a menudo olvidado en el debate público: la demanda. «No parece que sea un problema de red. Pero añadiría un factor adicional que es la baja demanda. La gestionabilidad del sistema se complica ante la caída de la demanda y todo indica que una demanda robusta es necesaria». En su opinión, la crisis de precios energéticos ha provocado una sangría de consumo industrial que debilita la estructura misma del sistema. «Esto pasa por aumentarla y aquí la industria es la que mayor capacidad de recuperación tiene en el corto plazo por todo el consumo que ha perdido ante la crisis de precios energéticos».
La perspectiva del FIE: de la opacidad a la alerta operativa
El FIE fue inicialmente crítico con la gestión comunicativa de la crisis. En su posicionamiento inicial, tras el primer informe del Gobierno, puso el foco en «el daño que la incertidumbre, la opacidad y la multiplicidad de diagnósticos causaban a la inversión». Sin embargo, la situación ha evolucionado hacia un escenario más grave. El FIE constata que «hoy, al panorama se le suma una capa de complejidad: la incertidumbre regulatoria se ha transformado en inestabilidad operativa reconocida, obligando al sector a pasar de la cautela a la acción con una celeridad forzosa».
La entidad considera que la alerta de REE es la confirmación de un problema estructural no resuelto: «El problema subyacente, por lo tanto, parece seguir activo y sin solución estructural a la vista». Desde la perspectiva del FIE, «el operador del sistema se enfrenta ahora a las consecuencias de un camino no transitado a tiempo: la gestión energética no puede permitirse que la corrección de fallos técnicos dependa de modificaciones regulatorias que venían siendo necesarias desde hace años». Esta lentitud, argumentan, «no solo obstaculizó la inversión en su momento, sino que, en el presente, compromete la propia seguridad del suministro».
La respuesta de la CNMC, con medidas excepcionales y un plazo de alegaciones de solo cinco días, es interpretada por el FIE como «la prueba más fehaciente de la gravedad de la situación». Subrayan que «esta acción ‘in extremis’ es un reconocimiento implícito de que se ha actuado tarde». No obstante, reconocen un punto positivo: «a diferencia de la opacidad inicial del 28 de abril, REE ha lanzado un SOS público y explícito. Esta transparencia, aunque forzada, al menos obliga a los reguladores a actuar».
Por si no fuera ya todo complicado, el asunto va a llegar a los tribunales, pues la compañía eléctrica Iberdrola ha iniciado los trámites para presentar una demanda contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, después que esta acusara a la compañía de no saber gestionar una de sus prinicipales plantas fotovoltáicas, la de Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz.
Corredor vino a a decir que esa planta fue la culpable del cero energético, aunque no diera el nombre. Durante su intervención en la comisión de del Senado que investiga el apagón, Corredor fue muy contundente: «Vino de la mala gestión, del mal control de una planta fotovoltaica de alta potencia situada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida», dijo, aportando un detalle muy significativo a continuación: «Esa misma planta había tenido un fallo semejante acreditado y documentado el año anterior y los responsables de esta planta dijeron que había estado haciendo un experimento en cuanto a la hora de gestionar esa planta». Iberdrola considera que estas palabras son una ataque a la reputación de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.
El impacto industrial: cuando el rearranque es más peligroso que el parón
Por otro lado, para una siderúrgica, una química o una cerámica, tres ejemplos de industria electrointensiva, un corte prolongado no es solo una factura de luz a cero. Es un evento traumático con consecuencias técnicas y económicas devastadoras. «En efecto, la parada conlleva una pérdida de producción, pero el principal problema está en el arranque posterior», explica González, de la AEGE. «Si los procesos industriales pierden temperatura durante el corte se producen solidificaciones que hay que limpiar y, posteriormente, el arranque conlleva los riesgos propios de las industrias, compuestas de numerosas cadenas de procesos que están perfectamente sincronizadas, algo complejo».
Las empresas, según confirma González, «sí que han procedido al cálculo individual» del impacto económico de un apagón de varias horas. Aunque cuentan con protocolos de protección para minimizar daños, su eficacia tiene un límite. «Las empresas ya cuentan con mecanismos de protección para mantener temperaturas y minimizar daños. El problema surge si el apagón supera un umbral de horas determinado, que cambia para cada proceso industrial. Pero es difícil convivir con escenarios de poca probabilidad porque conllevan elevados costes».
El marco regulatorio en movimiento: el PO 7.4 y la investigación de la CNMC
En este contexto de crisis, se avanza en soluciones estructurales. El nuevo Procedimiento de Operación 7.4 (PO 7.4), aprobado el 12 de junio de 2025 y con entrada en vigor prevista para el primer trimestre de 2026, representa un cambio paradigmático. Por primera vez, permitirá que las plantas renovables contribuyan activamente al control de tensión, una función que hasta ahora solo desempeñaban los ciclos combinados, las centrales hidráulicas o las plantas de biomasa.
Desde el sector renovable, José María González Moya, director general de APPA Renovables, subraya, citado por FIE, que «en principio debería tener un efecto positivo, pero su alcance real no lo podremos saber hasta que esté plenamente operativo». Héctor de Lama, director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), añade que «la fotovoltaica y la eólica ya instalada tienen capacidad técnica para aportar control de tensión pero no podían hacerlo hasta ahora por una cuestión regulatoria». Sin embargo, el proceso es lento: «La aprobación llegó en junio, en pleno verano, y los primeros seminarios técnicos para explicarlo se están celebrando ahora. Las renovables están entrando poco a poco en este servicio, y REE también va con cautela».
Paralelamente, la CNMC ha iniciado su propia investigación. La presidenta del organismo, Cani Fernández Vicién, anunció en el Congreso que elaborarán un informe con «conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas» que podría extenderse más allá del ámbito eléctrico, dado que «el incidente afectó gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios esenciales». Advirtió que, si se deducen infracciones graves, podrían imponerse sanciones de hasta 60 millones de euros.
La solución: participación activa, inversión inteligente y agilidad
Frente a este panorama, AEGE no se limita a señalar problemas; también propone soluciones. La primera es la participación activa de la gran industria en la estabilidad de la red. «En efecto, hacen falta todas las herramientas para asegurar el suministro, y la aportación de los grandes industriales siempre ha estado ahí», recuerda González al ser preguntado por este medio de comunicación. «Primero con el servicio de interrumpibilidad y ahora a través de aportar reservas adicionales al sistema con el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda. Está claro que un sistema como el nuestro, con los retos que afronta, debe anticipar respuestas e innovar en los servicios. La contribución de la demanda industrial es un ejemplo de ello».
Respecto a las inversiones, su postura es pragmática. «Invertir por invertir tan sólo conlleva mayor coste. Disponemos de un parque de generación y de redes suficiente para asegurar el suministro», afirma. Para él, cualquier inversión debe estar justificada por una mejora competitiva. «Cualquier inversión debe producirse porque mejora al sistema y lo hace más competitivo. Lo contrario supone desincentivar la electrificación». Pone como ejemplo de inversión bien dirigida «los compensadores síncronos que ayudarán a resolver problemas de tensión, lo que en definitiva supondrá un ahorro para el consumidor frente a lo que paga en la actualidad».
El FIE complementa este enfoque señalando que «el concepto de monetizar la flexibilidad implica que la industria, históricamente un actor pasivo, puede empezar a generar ingresos al poner sus capacidades de ajuste a disposición del sistema». Esta capacidad de respuesta rápida «se convierte en un activo valioso, por el cual el operador del sistema o los agregadores están dispuestos a pagar». Así, las inversiones en resiliencia dejan de ser un coste para transformarse en una nueva línea de negocio.
El nuevo paradigma: hacia una industria resiliente y protagonista
El FIE argumenta que esta crisis obliga a un cambio radical en la gestión energética de la industria. Ya no basta con ser un consumidor pasivo que optimiza costes; la nueva prioridad debe ser la resiliencia. «La inestabilidad reconocida del sistema obliga a la industria a asumir que la red de transporte ya no es un socio totalmente fiable», sostienen. «Las inversiones en autoconsumo y almacenamiento dejan de ser meras herramientas de eficiencia para convertirse en aliados para asegurar el suministro».
El endurecimiento normativo, aunque supone mayores exigencias, también refuerza esta tendencia. «El sector industrial podría percibir la necesidad de acelerar sus planes para dotarse de una capacidad de respuesta propia, buscando capear las oscilaciones de tensión que el sistema central no logra amortiguar». El FIE alerta, no obstante, de que «el endurecimiento de las normas, especialmente en el Servicio de Control de Tensión (PO 7.4), genera dos efectos inmediatos»: aumenta el riesgo regulatorio para las inversiones y puede impactar en los costes finales de la energía.
Sin embargo, esta crisis acelera la gran oportunidad señalada por el FIE: la monetización de la flexibilidad. La industria puede transformar su capacidad de ajustar el consumo o usar su almacenamiento en un activo valioso por el que el sistema está dispuesto a pagar. Así, la resiliencia deja de ser un coste para convertirse en una nueva línea de negocio que, simultáneamente, proporciona «una vía para compensar los sobrecostes del sistema y, al mismo tiempo, mejorar la resiliencia interna de la empresa».
Conclusión: robustez puesta a prueba
La pregunta final a Pedro González resume la encrucijada: ¿»Tranquilos, el sistema es robusto» o «atención, debemos actuar ya»? Su respuesta equilibrada define la postura de AEGE: «El sistema ha sido siempre robusto, pero debe hacer frente desde ya a los retos que plantea el nuevo paradigma eléctrico y, desde luego, hacerlo mejorando la eficiencia y el coste».
La espada de Damocles de un nuevo apagón pende sobre la industria. Pero el mensaje final del sector es claro, tal como lo expresa el FIE: «La industria debe aprovechar la gravedad del momento para demandar transparencia y agilidad en la ejecución de la inversión ya prevista para la red de transporte. Su gestión energética no puede limitarse al ahorro, sino que debe evolucionar hacia una estrategia de liderazgo técnico, demandando marcos estables que permitan su participación activa y segura en la estabilidad del sistema. Es el único camino para convertir la amenaza de un nuevo apagón en la oportunidad de afianzar su futuro energético y competitivo».
El camino a seguir está marcado: agilidad regulatoria, inversiones inteligentes que mejoren la competitividad, recuperación de la demanda industrial y, sobre todo, la transformación de la industria de víctima potencial en pilar fundamental de la estabilidad del sistema. El tiempo para esta transformación es ahora, mientras la alerta de Red Eléctrica sigue activa y el fantasma del blackout del 28 de abril planea sobre las decisiones que se tomen en los despachos y en las fábricas. La robustez del sistema se mantiene, pero está siendo puesta a prueba como nunca antes en la historia reciente de España.
