En 2024, España fabricó 326.000 puntos de recarga (305.000 en corriente alterna y 21.000 en continua), con una facturación de 332 millones de euros. El 89% de esta producción —unas 291.000 unidades— se exportó principalmente a Europa, con Alemania, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia como principales destinos. También se detecta creciente interés desde América, Oriente Próximo y Canadá.
El sector español destaca por contar con una cadena de valor propia, que abarca desde fabricantes hasta software, ingenierías, instaladoras y centros de investigación. En la actualidad existen más de un centenar de empresas, centros tecnológicos y universidades con capacidad de producción en todas las comunidades autónomas. Muchas de estas compañías son de accionariado familiar y mantienen su centro de decisión en España, aunque algunas también han abierto plantas en China y Estados Unidos.
Las previsiones de la industria para el periodo 2025-2030 son contundentes. La producción nacional crecerá un 121%, al pasar de unas 300.000 unidades actuales a más de 663.000 cargadores en 2030. Paralelamente, la facturación anual se multiplicará de forma progresiva hasta superar los 800 millones de euros en 2028 y alcanzar los 838 millones en 2030. La facturación acumulada de toda la década se situará en torno a los 3.461 millones de euros, lo que confirma el enorme potencial de este mercado en expansión.
El impacto económico y laboral será igualmente significativo. Según el informe, cada euro invertido en movilidad eléctrica se traduce en 1,8 euros de Producto Interior Bruto. De cumplirse las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la inversión prevista de 60.000 millones de euros en el periodo 2021-2030 aportará cerca de 11.000 millones de euros anuales al PIB, el equivalente al 17,2% del PIB industrial.
Este impulso permitirá crear o mantener alrededor de 55.000 empleos cada año, lo que representa casi un 2% del empleo industrial del país. En términos acumulados, la electrificación y el desarrollo de redes asociados a la movilidad eléctrica podrían generar más de 110.000 millones de euros de riqueza y asegurar la creación o el mantenimiento de unos 550.000 puestos de trabajo a lo largo de la década.
El estudio concluye que España tiene capacidad para cubrir gran parte de la cadena de valor de la movilidad eléctrica gracias a su tradición industrial en energías renovables y material eléctrico. Se trata de una industria estratégica para la transición energética y la reducción de la dependencia exterior, que posiciona a España como un actor clave en el mercado europeo e internacional de la movilidad eléctrica.