A 15 de noviembre había 28,5 mil millones de euros convocados en subvenciones, mostrando un ritmo más dinámico que las licitaciones, especialmente durante los primeros seis meses de 2022. A la misma fecha había 9,3 mil millones de subvenciones ya concedidas.
Asimismo, la Administración General del Estado concentra el 80,2% de las cantidades convocadas, especialmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con casi 7,13 mil millones de euros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con unos 4,2 mil millones de euros y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con algo más de 3,5 mil millones. Transición energética, digitalización, fomento del empleo o mejora del tejido productivo emergen por tanto como áreas destacadas hasta ahora.
Después de la Administración central, la Generalitat catalana (1,1 mil millones de euros) o la Junta de Andalucía (713 millones de euros) junto con la Comunitat Valenciana (654 millones de euros) son los organismos públicos con mayor valor en convocatorias excepto el Estado.
Además, La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid ha convocado un 25% del monto agregado dentro de esta autonomía; y el Institut Català d’Energia, un 20% en la suya, subrayando el foco en esfuerzo energético dado el contexto actual. En cualquier caso, la dispersión territorial agregada es, a priori, elevada dado que buena parte de las convocatorias realizadas tienen como territorio de impacto el conjunto del Estado.
En lo relativo a las PYMEs y personas físicas son destinatarias de aproximadamente un tercio de las convocatorias de subvenciones (alrededor de 10 mil millones de euros). Las grandes empresas, un 11% (3,3 mil millones de euros). La mayoría, sin embargo, aún no se han destinado al tejido productivo, dado que buena parte de las convocatorias se constituyen como vehículos de transferencias de fondos entre las propias administraciones.
Así, algo más de un tercio de las mismas, unos 10,6 mil millones de euros, son recursos movilizados entre las diferentes administraciones, en particular desde la Administración General del Estado (AGE) y las CC.AA. y entidades locales.
En cuanto a las CCAA y EELL destinan sus dotaciones, principalmente, a fomento de empleo (971) y a industria y energía (846 millones de euros). Por último, las universidades destinan buena parte de sus convocatorias a investigación, desarrollo e innovación.
De cara a la principal convocatoria de la AGE, asociada al PERTE del vehículo eléctrico suma un total de 2.950 millones de euros. En segundo lugar, actividades profesionales, científicas y técnicas, con 2,04 mil millones de euros; y en tercer lugar avales diversos, con 1,9 mil millones de euros.
Del total convocado, a fecha 15 de noviembre había concedidos unos 9,3 mil millones de euros. De estas concesiones, sin embargo, han tenido como beneficiarios a multitud de entidades públicas y privadas, así como personas físicas. Hay que destacar que entre las entidades públicas asociadas a las administraciones se ha acaparado 5 mil millones de euros, 5,8 mil millones de euros si incluimos a las universidades. Del resto, cabe destacar los 1,1 mil millones de euros a sociedades S.L.
En cuanto a la finalidad en las concesiones ya otorgadas, algo más de mil millones se han otorgado a incentivos ligados al almacenamiento, otros mil millones a trasferencias a municipios para la implantación de las zonas de bajas emisiones en municipios españoles o a los programas MOVES, con 942 millones de euros.
Finalmente, Madrid y Barcelona concentran 2,9 mil millones de euros del total concedido hasta la fecha por la Administración Central. Sevilla y Valencia suman otros 1,1 mil millones de euros.
