Esas faltas, anomalías y retrasos están propiciando la decepción, el desánimo y la desconfianza entre las pequeñas y medianas empresas industriales. Fuentes del MINCOTUR han llegado a admitir abiertamente que están aprendiendo “a tortazos” a la hora de redactar las bases reguladoras, las convocatorias y toda la documentación necesaria y pertinente para gestionar el reparto de los fondos europeos.
El primer PERTE VEC, de hecho, no cubrió las expectativas anunciadas. La citada resolución ministerial asignó 877,2 millones de euros, es decir, solo el 29,4% de los 2.975,7 millones inicialmente presupuestados para ese PERTE, el primero de los 11 que ya han echado a andar en casi dos años. Habrá un segundo PERTE de la automoción, pero ya en 2023.
El sector del automóvil, sobre todo el director industrial mundial del Grupo Renault y presidente-director general de Renault España, José Vicente de los Mozos, no ha estado completamente de acuerdo con las directrices de este PERTE. En su opinión, habría que haber incluido también el “vehículo electrificado”, es decir, el híbrido de combustión. Los principales OEMs y buena parte de los representantes del Tier 1 consideran que la transición ecológica/energética marcada desde Bruselas no se puede llevar a cabo en 3 años, que debe desarrollarse de una forma ordenada y coherente, teniendo en cuenta las demandas del usuario, fomentando la renovación del coche en las grandes ciudades, por ejemplo, en Madrid, el 90% de los vehículos tiene más de 12 años de antigüedad.
La convocatoria del PERTE VEC estaba acotada en el tiempo en cuanto a planes de inversión. Tanto Renault como Ford se quedaron fuera de ella por la misma razón: los tiempos. Según se especifica en las condiciones del programa, las inversiones susceptibles de ser subvencionadas debían de acometerse antes del 30 de junio de 2025. De hecho, la multinacional estadounidense renunció en agosto a 106 millones para electrificar la factoría de Almussafes porque no le da tiempo a ejecutar la inversión en dos años y medio, que es el plazo exigido por Bruselas. Este requisito ha supuesto un escollo insalvable para ambas compañías cuyos planes de electrificación en España llegarán en la segunda mitad de la década.
El Ejecutivo cedió parte de los fondos europeos a las comunidades autónomas, pero el grueso del dinero se canaliza a través de grandes proyectos tractores, los famosos PERTEs, que controla el Gobierno central. El primer problema es que el desarrollo y la ejecución de estos PERTEs se han ido retrasando mucho. Demasiado.
“Vamos muy lentos” en el reparto y asignación de fondos, admitió Óscar García Fidalgo, responsable de Desarrollo de la consultora Arosa I+D, cuando intervenía en un reciente webinar organizado por la Cámara de Comercio de Madrid para informar sobre la evolución de los fondos Next Generation EU.
La elaboración de las convocatorias está siendo un camino muy largo y complejo que está estrechamente vinculado a procesos presupuestarios, que tienen una vigencia determinada. Esto ha desatado problemas burocráticos que ya se apreciaron en el PERTE VEC, pues en este caso hubo que ampliar por dos veces el plazo de presentación de solicitudes de ayudas. Eso significó modificar la orden de bases que debía ser publicada, como es preceptivo, en el BOE.
Una primera constatación es que, en algunos casos, los grandes programas de ayudas han tenido mucho éxito, como los fondos para instalar placas fotovoltaicas o para la digitalización de las empresas dentro del Programa Kit Digital. Al tratarse de una cantidad enorme e histórica de dinero, la Administración no da abasto. Esto provoca cuellos de botella e impaciencia. Además, hay casos, como el citado de Kit Digital, en los que “las ayudas se quedan cortas”, indicó recientemente al diario catalán Ara Kilian Garcia, director del Departamento Internacional de Foment del Treball, la patronal que agrupa a las grandes empresas catalanas.
Una segunda conclusión apunta a las convocatorias dirigidas directamente a empresas más pequeñas. Todas las patronales coinciden en que las convocatorias han ido saliendo más tarde que pronto y con plazos demasiado cortos para que las pymes pudieran presentarse en condiciones idóneas. Por ejemplo, las ayudas Industria 4.0 se presentaron en agosto y las compañías sólo tuvieron dos semanas para preparar sus proyectos. “Hace falta eficiencia y rapidez”, comentó Garcia.
Ciertas organizaciones empresariales se quejan de que los criterios y las condiciones de las convocatorias varían según el ministerio que las gestione. “Son reinos de taifas. Hay una coordinadora, pero puramente presupuestaria, no técnica”, dijo Jacint Soler, director de Relaciones Internacionales de PIMEC, la patronal más representativa de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña. Toda la gestión se ha convertido en un trabajo muy fatigoso y con condiciones difíciles de cumplir, lo que ha provocado el desánimo entre el tejido empresarial, incluido obviamente el industrial.
Aunque no consuele, la situación no se circunscribe únicamente a España. “Todos los países están encontrando problemas similares”, añadió Garcia, de Foment de Treball. Por esa razón, las patronales de las pymes europeas han reclamado cambios al ejecutivo encabezado por Ursula von der Leyen. “La Comisión tendría que hacer una reflexión, porque nos están funcionando”, agregó Soler, de PIMEC. La opinión tanto de Garcia como de Soler coincide en que se están perdiendo muchas oportunidades, porque el espíritu inicial del Next Generation es dar un salto evolutivo para modernizar la economía y eso no se está consiguiendo, de momento.
Y ese sentimiento de frustración, esas sensaciones negativas se extienden por otras regiones de España. En una reciente entrevista concedida al periódico El Norte de Castilla, Félix Cano, presidente del clúster de la industria auxiliar de automoción de Castilla y León (FACYL), señalaba que “los PERTE son muy complicados de ejecutar y se están perdiendo fondos europeos porque muchos fabricantes los están rechazando, ya que no tienen tiempo para desarrollarlos tan rápido como les piden”.
Poco optimista se mostraba también, en esas mismas páginas, el presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Pedro Ruiz Aragoneses, quien expresaba su preocupación por el retraso y la complejidad de las bases del proyecto estratégico vinculado a la industria agroalimentaria, que está en una fase mucho más incipiente que el de automoción. El objetivo, según apuntaron fuentes del MINCOTUR, es que la orden de la convocatoria salga a la luz en la segunda quincena de noviembre, pero las dotaciones serán de 2023, por lo que ha diseñado una “convocatoria anticipada”.
Veintiocho meses después de la aprobación de los fondos UE Next Generation, el sector alimentario sufre “una enorme desilusión y desconfianza”, estimaba Ruiz Aragoneses, quien teme que el PERTE agroalimentario vaya a llegar tarde y con un diseño “muy alejado de la realidad empresarial y de nuestro sector, integrado por pymes y micropymes”.
Lamentaba el presidente de Vitartis, en las páginas del citado diario de Valladolid, que en las reuniones mantenidas con representantes del Ministerio de Industria “no se atienden las sugerencias que habían solicitado”, para después descubrir que “las bases reguladoras plantean proyectos de una gran complejidad, con unos requerimientos enrevesados, ajenos a la realidad y a la situación actual del mercado”.
En opinión del presidente de la asociación de industrias alimentarias castellanoleonesas, que agrupa a cerca de 140 empresas agroalimentarias de la comunidad que acaparan más del 40% de la facturación y del empleo del sector, “las trabas y el retraso producen un efecto disuasorio y están desincentivando la inversión”. Están casi resignados a tener que renunciar a presentar proyectos “por los plazos tan cortos exigidos para su ejecución y la complejidad” de los requisitos.
Este lamentable panorama de pasividad se ha hecho muy visible en un informe recientemente publicado por la aseguradora Hiscox, según el cual solo el 2,4% de las pymes ha accedido a las ayudas de los fondos Next Generation EU. Pese a que un 16,9% de los encuestados declara que piensa hacerlo en los próximos meses, el sondeo realizado por la consultora KMPG confirma el profundo desinterés de la pequeña y mediana empresa hacia los fondos europeos, dado que, por ejemplo, los préstamos ICO tienen más éxito entre estas organizaciones.
Aunque no haya demasiada información o transparencia, los fondos europeos sí están llegando realmente a la sociedad y están detrás de iniciativas como la anteriormente mencionada del Kit Digital, las rehabilitaciones de fachadas de edificios o la promoción de las energías renovables a través del autoconsumo con paneles solares para particulares y empresas. En estos sectores estamos asistiendo a un verdadero boom.
Sin embargo, el nivel de ejecución de los PERTEs “es inferior al 25%” del programa, que ya ha atravesado su ecuador, explicaba García Fidalgo, de Arosa I+D, pues están comprometidos 40.000 millones de euros de los 160.000 millones que estarán disponibles. La Administración quiere repartir todos los fondos en el plazo previsto, dijo, lo que augura que 2023 vivirá “momentos de stress”. “Será muy intenso en la publicación de convocatorias”, dado que se ha producido un atasco en la publicación de los proyectos. García Fidalgo también advirtió que los fondos dejarán de repartirse a finales de 2023, lo que podría provocar una sequía de dinero a partir de 2024, aunque tampoco excluyó la posibilidad de que Bruselas apruebe una prórroga, dada la mala situación económica que atraviesa el Viejo Continente.
De los 11 PERTEs aprobados hasta ahora por el Consejo de Ministros, cinco no han sido todavía ejecutados (el de la economía social y de los cuidados, el de microelectrónica y semiconductores, el de digitalización del ciclo del agua, el de la economía circular y el de la economía de la lengua). El que ha sido más ejecutado o se encuentra en mayor proceso de resolución es el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), seguido por el PERTE VEC, el aeroespacial, el de salud de vanguardia, el agroalimentario y el naval.
De los requerimientos derivados de los reglamentos comunitarios, de la Ley de Subvenciones y del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) salen convocatorias “tremendamente farragosas”, destacó Ramón Herrero, subdirector general de Áreas y Programas Industriales del MINCOTUR, al intervenir, esta semana, en un acto relacionado con el PERTE agroalimentario, que, según sus palabras, “es una réplica” del PERTE VEC.
“El PERTE nos ha servido de aprendizaje”, admitía la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la entrega de los premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible, organizados por la Asociación nacional de fabricantes de coches (ANFAC), hace una semana. Ese es el mensaje que ha calado. Pero el proceso de formación ha debido ser muy duro porque, tal y como admitió Herrero, han aprendido “a tortazos”. “El último PERTE será el más pulido de todos”, explicó el subdirector general del Ministerio de Industria.
Conscientes de que los márgenes de actuación son “bastantes estrechos” y las reglas de juego, poco sencillas, la última lección que han aprendido las autoridades del Ministerio de Industria se refiere a la obtención, por parte de las pymes, de garantías sobre los importes anticipados de las subvenciones a fondo perdido y de los préstamos. Esas garantías bancarias son imprescindibles para la admisión de la solicitud, pero los problemas para conseguirlas han provocado una gran preocupación porque se corre el grave peligro de fracasar en las convocatorias al quedar estas desiertas o poco cubiertas.
Otro requisito que genera retrasos es el preceptivo informe sobre I+D que deben emitir agencias autorizadas, empresas que están colapsadas de tanto trabajo como tienen. Algo similar ocurre con el informe DNSH, es decir, aquel que demuestra que el proyecto cumple el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (Do Not Significant Harm), otro precepto obligado por Bruselas.
“Somos conscientes de que los recursos de la primera convocatoria del PERTE VEX son insuficientes”, afirmaba Maroto, en su visita, realizada esta misma semana, a la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia).
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía otra muy similar al centro de I+D+i de Renault en Valladolid. Allí recogió Sánchez el guante que le lanzó José Vicente de los Mozos. De hecho, el Ejecutivo central negocia con la Comisión Europea una flexibilización de los plazos para que más fabricantes de coches y las empresas auxiliares puedan acogerse al plan en una segunda fase que presumiblemente se convocará para el primer trimestre de 2023.
A este PERTE plus también podría sumarse Stellantis, un fabricante que negocia con el Gobierno ayudas para traer a España alguna de sus plataformas de coches eléctricos, las que el grupo utilizará para sus futuros coches eléctricos en la segunda mitad de la década. A partir de 2025, todos los vehículos nuevos que fabrique esa compañía se tendrán que hacer con estas plataformas.
A la luz de los datos definitivos, el PERTE VEC no ha cubierto las necesidades del sector y ha padecido serias carencias y disfunciones en su desarrollo, defectos que ahora, previsiblemente, se irán subsanando gracias a un peculiar método de ensayo-error y al trabajo esforzado e incesante en los departamentos ministeriales afectados.
Al PERTE plus también podría optar Envision, el grupo chino que promueve la construcción de una gigafactoría de baterías de litio de 3.000 millones de euros de inversión en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Envision podría financiarse con otras líneas de ayudas; por ejemplo, mediante el programa Incentivos Regionales, subvenciones a fondo perdido que están en vigor hasta 2027; o a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), que en 2022 tiene una dotación de 1.200 millones de euros.
Es cierto que España fue uno de los primeros países de la Unión Europea en presentar un plan estratégico para recibir los fondos y realizar las reformas -de pensiones y laborales- requeridas por Bruselas, lo que hizo que fuera uno de los primeros Estados comunitarios en recibir las transferencias de dinero. Sin embargo, las dificultades no tardarían en llegar.
La promesa de dinero provocó una importante reorganización del Ministerio de Hacienda. En diciembre de 2020 se creó una Secretaría General de Fondos Europeos (con rango de subsecretaría) adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG). La Secretaría General cuenta con dos direcciones generales: una de Fondos Europeos y otra del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los fondos europeos no sólo incluyen este Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sino también los Fondos Estructurales y de Inversión: el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y desde 2021 el Fondo de Transición Justa.
En verano de este año, Rocío Frutos, directora general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, presentó su dimisión alegando “razones personales”. El cese de Frutos avivó la idea de que la fuerte presión y el alto nivel de exigencia de Bruselas están pasando factura al personal de la Administración central.
La Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha publicado dos informes de ejecución del Plan de Recuperación; el primero, en diciembre de 2021 y el segundo en abril de 2022. A finales de septiembre pasado, La Moncloa difundió un avance del seguimiento.
En agosto de 2021 llegaron de Bruselas los primeros 9.000 millones de euros; en diciembre del año pasado fueron desembolsados otros 10.000 millones; y en junio de 2022 otros 12.000 millones. A España se le asignaron en total 140.000 millones, la mitad en forma de subvenciones; la otra mitad, en “créditos blandos”.
Las autoridades comunitarias ya detectaron algunas “deficiencias” en la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, el Tribunal de Cuenta Europeo (TCE), con sede en Luxemburgo, citó el hito 173, referido al sistema de información Integrado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para crear un sistema de control de los fondos. El sistema informático CoFFEE daba errores. Bruselas le solicitó información al Gobierno español para verificar que el sistema CoFFEE fuera capaz de recoger y almacenar datos sobre los beneficiarios, contratistas, etcétera. Finalmente acabó detectando deficiencias y acordaron, el 1 de diciembre de 2021, resolverlas en un periodo de seis y nueve meses, dando por cumplido el hito.
Entretanto, los planes estratégicos siguen corriendo por carriles paralelos, a velocidades bien distintas, tras arrancar en periodos de tiempo dilatados entre sí, desde julio de 2021 (PERTE VEC) hasta mayo de 2022 (PERTE de economía social y de los cuidados). Esta misma semana, sin ir más lejos, fue presentado en Vigo el PERTE Naval. El desarrollo de este proyecto prevé una inversión total de 1.460 millones de euros y se espera que contribuya a la creación de cerca de 3.200 puestos de trabajo de calidad.
Para impulsar el marco de colaboración público-privada de este proyecto tractor, se ha constituido la Alianza del PERTE Naval, un espacio de participación e interlocución para apoyar los objetivos del PERTE, maximizar las oportunidades de colaboración, la identificación de sinergias y el adecuado seguimiento del funcionamiento y el impacto de los instrumentos.
La Alianza estará presidida por la ministra del MINCOTUR, Reyes Maroto, y ostentará la vicepresidencia la consejera delegada de PYMAR, Almudena López del Pozo. PYMAR es una asociación creada en 1985, constituida por 16 astilleros privados.
Formarán también parte de la citada Alianza varios departamentos ministeriales con competencias relacionadas con las materias desarrolladas en el PERTE Naval y representantes de organizaciones empresariales y sindicales vinculadas con el sector. En concreto, Juan Diego Díaz Vega, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE); Pedro Mier, presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (AMETIC); José Miguel Guerrero Sedano, presidente de CONFEMETAL; Iñigo Aristegui, responsable del Naval de CCOO Industria; y Mikel Zarandona, representante del Naval de UGT-FICA.
El PERTE Naval impulsará proyectos transformadores de la cadena de valor del sector naval. Para ello se contará con una línea de ayudas de actuación integral para la modernización y diversificación del sector naval, dotada con 200 millones de euros, gestionada por el MINCOTUR, cuya convocatoria se publicará durante el mes de noviembre.
También se incluye una segunda línea de ayudas de apoyo específica a determinados eslabones de la cadena de valor que son especialmente relevantes para su transformación, con especial incidencia en la I+D+i y la digitalización. En concreto, dentro del programa Misiones Ciencia e Innovación, desarrollado por el CDTI, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, se incluye una Misión orientada a las tecnologías de aplicación en el ámbito naval, dotada con 30 millones de euros, con el objetivo de fortalecer las capacidades de I+D+I para este sector y a medio plazo mejorar su nivel competitivo. Se han presentado 15 proyectos a esta misión con un presupuesto de 57,2 millones de euros y solicitan una subvención de 42,1 millones de euros.
Además de las dos líneas anteriores, el PERTE cuenta con las medidas facilitadoras, como el respaldo a créditos para la construcción de buques que ha permitido aprobar en el último año y medio 31 operaciones con una subvención total de 91 millones de euros.
Y la familia PERTE no deja de crecer. Como anunció la ministra Maroto en el Congreso de los Diputados, antes de que acabe este año, el Ejecutivo aprobará el PERTE de la descarbonización de la industria. Este plan, el duodécimo de la lista, financiará inversiones que pretenden reducir la huella de carbono en las empresas industriales, el pago de menores derechos de emisiones de CO2 y menores consumos de combustibles fósiles. El proyecto contaría con 400 millones de euros, pero su dotación podría ampliarse con los 7.800 millones de euros adicionales en ayudas del Plan de Recuperación o la adenda a este.
