En cuanto a las bases aprobadas recogen que la actividad industrial y productiva deberá aportar el 20% del PIB nacional. Además, deberán coordinarse las medidas impulsadas por este Pacto con la estrategia europea de industrialización (‘Un nuevo modelo de industria para Europa’), teniendo en cuenta la necesidad de que cualquier propuesta normativa lleve asociada, además de un presupuesto adecuado, una evaluación realista del impacto en la competitividad y en el empleo.
Otro eje del Pacto es la alineación entre la política industrial y la política energética. Los diseños de ambas políticas deberán potenciar las sinergias entre la modernización y promoción de la industria y la transición energética. Dicho diseño debe ser sostenible, compatible con la descarbonización, el respeto al medio ambiente, y la lucha contra el cambio climático y a favor de una economía neutral en carbono, procurando un mix energético equilibrado, diversificado y flexible, que garantice el suministro a un precio asequible y predecible.
Asimismo, el texto hace una alusión específica a la pyme industrial española como elemento vertebrador de la economía a fin de mejorar su eficiencia y su adecuado dimensionamiento.
Del mismo modo, otro de los puntos a tener en cuenta es la definición y desarrollo de programas de potenciación de sectores estratégicos y esenciales. También se debe tener en cuenta, en cualquier media de política e impulso industrial, la necesidad de contar con una reserva de capacidades industriales estratégicas y cadenas de valor completas, por la importancia de la industria y de la soberanía tecnológica para garantizar la Seguridad Nacional en entornos de grave crisis económica, pandemia sanitaria, catástrofes naturales, etc.
El Pacto por la Industria ha de contar con la necesaria involucración interministerial para el desarrollo de las diferentes líneas de actuación del mismo. Se ha de generar un instrumento de cogobernanza y ejecución, con los recursos necesarios, para garantizar su correcto desarrollo desde el dialogo social como garante del éxito de estas medidas.
Dichas bases del Pacto por la Industria han de servir como elemento para el dialogo social y la participación de los sociales en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Industria, previo a la tramitación parlamentaria de dicha Ley.
Así, estos ejes fundamentales se acometerán a través de varias líneas de acción de carácter transversal tales como sostenibilidad, que trata de fomentar modelos de negocio socialmente responsables y comprometidos con la protección del medio ambiente y la neutralidad climática, garantizando el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad para aprovechar todas las oportunidades ligadas a la transición ecológica en términos de empleo y negocio, así como minimizando el riesgo que pueda suponer en determinadas áreas industriales, todo ello con el objetivo de consolidar nuestras empresas y empleo industriales en el territorio.
Para ello se potenciarán planes de estímulo temporales en sectores con efecto tractor y de alta tecnología, y se fomentarán actividades industriales de regeneración, reciclaje, aprovechamiento de residuos y refabricación, impulsando a su vez iniciativas de economía circular, acompasadas igualmente con planes de apoyo a las actividades industriales afectadas por el proceso de transición.
Industrialización digital
A continuación, otra de las líneas de acción es la digitalización, se desarrollará un Plan de Industrialización Digital, orientado a la Industria 4.0 y a la ciberseguridad, fomentando el desarrollo de habilitadores digitales que alcance a toda la cadena de valor, garantizando la accesibilidad digital segura a todo el tejido industrial, con el despliegue de la necesaria infraestructura de telecomunicaciones por todo el territorio nacional.
Seguidamente, Innovación, se implantará el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, con un enfoque de I+3D (Investigación, Desarrollo, Demostración y Despegue), impulsando la colaboración y coordinación entre los distintos actores, centros, instituciones e infraestructuras del ecosistema de I+D+i, creando una auténtica Red Nacional de Transferencia de Tecnología, prestando especial atención a la protección de la propiedad intelectual e industrial, y estimulando la compra pública innovadora.
De cara a capital humano, se adecuarán los sistemas formativos y los planes de estudio para aumentar la empleabilidad, fomentando las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), promoviendo la formación dual, tanto universitaria como de formación profesional, fomentando el espíritu emprendedor específicamente industrial, ya desde las escuelas e institutos, y promoviendo el acceso en igualdad de oportunidades a las cualificaciones profesionales con alta proyección, con una mirada integradora de los aspectos territoriales, de género y de colectivos desfavorecidos.
Regulación, se avanzará en una auténtica unidad de mercado, a escala nacional y europea, eliminando duplicidades, ineficiencias y burocracia, simplificando trámites, garantizando la seguridad jurídica y mejorando la calidad y la aplicación de las normas, estándares y certificaciones, con una especial atención a la vigilancia de mercado (favoreciendo la competencia leal y combatiendo la desleal), y a la necesaria seguridad física de usuarios e instalaciones.
De igual forma, con el crecimiento empresarial se eliminarán los obstáculos (de índole fiscal, laboral, mercantil, contable, etc.) que desincentivan la creación y desarrollo de la empresa industrial, fomentando la profesionalización de la gestión empresarial en todos sus aspectos, promoviendo e incentivando desde la Administración el incremento del tamaño, con criterios de transparencia y eficiencia.
Financiación, energía, logística e internacionalización
Con la Financiación se mejorará y diversificará la financiación empresarial, en especial para aquellas empresas con mayores dificultades para financiarse, impulsando la financiación no bancaria, los mercados alternativos de valores de renta fija y renta variable, y los instrumentos de capital riesgo, reservando un papel esencial a la labor del ICO y al sistema español de Garantía Recíproca (SGR+CERSA) , haciendo especial hincapié en la reducción de la morosidad de los cobros, y mejorando la fiscalidad de las inversiones industriales y tecnológicas.
En lo relativo a la Energía, se avanzará en las sinergias entre la competitividad del sector industrial y la transición energética, garantizando el suministro de energía para la industria básica para el desarrollo de las economías sólidas y productivas- a un precio competitivo y con especial atención a los sectores de consumo intensivo de energía. Impulsaremos el posicionamiento de España como líder industrial en el diseño y fabricación de las tecnologías que favorezcan la neutralidad climática y la eficiencia energética, y fomentaremos la consolidación y expansión de la cadena de valor asociada a las tecnologías renovables y neutras en carbono, el almacenamiento energético, la cogeneración de alta eficiencia y los modelos de autoconsumo, así como el desarrollo nuevos vectores energéticos y tecnologías que favorecen generen una mayor autonomía tecnológica y estratégica para nuestro país.
Además, en la logística se desarrollará la intermodalidad en el transporte de mercancías ferroviario, aéreo y marítimo, reduciendo los costes del transporte y distribución a través de la mejora de la eficiencia, competitividad y sostenibilidad, mejorando especialmente la seguridad y el desarrollo de los centros logísticos, puertos secos, conexiones esenciales y corredores críticos para el transporte de mercancías de áreas industriales de nuestro país.
Por último, Internacionalización, con ella se fomentará la expansión de la oferta industrial española en los mercados exteriores, con especial énfasis en la diversificación hacia países de alto potencial dentro y fuera de la Unión Europea, reforzando el posicionamiento de España como emisora y receptora de inversión directa extranjera en el sector industrial, apoyando el uso de instrumentos de defensa comercial frente a restricciones de acceso a mercados terceros y frente a la competencia de importaciones desleales, e impulsando la labor de diplomacia comercial, tanto desde las Embajadas como desde los servicios exteriores de los distintos Ministerios e instituciones públicas, con especial atención a la labor del ICEX.
