La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha sido la encargada del diseño de las actuaciones que se han propuesto en esta herramienta de planificación, que servirá para articular el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. La previsión es que puedan estar listas para su aplicación en este ejercicio 2022, una vez que sean validadas por la Comisión Europea.
Las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba han dependido durante décadas de una industria altamente generadora de efecto invernadero al albergar las centrales térmicas de carbón de Carboneras (Almería), Los Barrios (Cádiz) y Espiel (Córdoba).
Asimismo, los 16 municipios afectados han iniciado, de la mano del Gobierno y la Junta, un proceso de búsqueda de alternativas económicas en el marco de los denominados Convenios de Transición Justa. Estos planes recogen propuestas e iniciativas sectoriales específicas orientadas a favorecer la reorientación de la actividad industrial de sus comarcas.
Plan Territorial de Transición Justa
En el caso de la provincia almeriense, la dotación presupuestada para su Plan Territorial asciende a 51,8 millones y su puesta en marcha supondrá la creación y mantenimiento de 6.200 empleos. Tendrá impacto sobre 300 empresas y posibilitará el desarrollo de cinco proyectos estratégicos.
En Almería se cuantifican 20.000 trabajadores industriales, de los que unos 5.000 están ligados al carbón, al cemento y al mármol y piedra natural. Precisamente, en este sector se presentan importantes retos de sostenibilidad ambiental, economía circular y modernización, incluyéndose inversiones en regeneración y rehabilitación de terrenos, preservando la identidad de las comunidades mineras, salvaguardando y reforzando el patrimonio minero material e inmaterial, incluida su cultura.
En cuanto a la provincia de Cádiz, la Consejería de Transformación Económica ha estimado que la ejecución de las actuaciones recogidas en su Plan Territorial de Transición Justa alcanzará a 200 empresas, conllevará crear y mantener 9.500 empleos y llevará asociado el impulso de seis grandes iniciativas de gran calado. La dotación global destinada a este instrumento se cuantifica en 69,6 millones de euros.
Además, el tejido industrial de Cádiz, que da empleo a 27.663 personas, está conformado por importantes sectores que están inmersos en pleno proceso de transformación ecológica. Entre ellos, destacan las actividades portuarias, químicas, metalúrgicas, de biocombustibles, de gases industriales, cementera, metalmecánicas, aeronáuticas, de construcción o reparación naval, así como otras de transporte y logística de gran interés. Todos estos segmentos, considerados tractores de la economía regional en muchos de los casos, podrían obtener, según se recoge en el Plan Territorial, recursos del Fondo de Transición Justa.
Asimismo, en la provincia de Córdoba, que registra 36.900 trabajadores industriales, el Plan de Transición Justa contempla una dotación pública de 32,16 millones, que conllevará la generación y mantenimiento de 4.100 puestos de trabajo, afectará a 100 empresas y posibilitará el desarrollo de cinco iniciativas relevantes.
En cuanto a la dotación económica del plan para las tres provincias procede del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que cuenta con 17.500 millones de euros para apoyar a aquellas regiones comunitarias que dependen de los combustibles fósiles o de industrias generadoras de efecto invernadero. De este instrumento comunitario, a España se le ha asignado un volumen de 868,7 millones de euros.
