La Comisión Europea aprobó, el pasado día 8 de marzo, una Comunicación, “RE Power EU” con el objetivo de abordar la disminución de la dependencia europea de los combustibles fósiles de Rusia, fundamentalmente el gas, y atajar o atemperar el impacto que la escalada de precios de la electricidad tiene en las familias y las empresas europeas.
Para la industria y para la economía española, lo segundo es mucho más urgente que lo primero. La Comisión Europea nos propone ciertas recetas para atenuar esas alzas de precios en la electricidad que no tendrán resultados inmediatos ya que, como poco, deberemos esperar a mediados de abril para verlos, en el mejor de los casos. Las CE se centra en tres posibilidades: intervenir el precio de la electricidad para beneficiar a los consumidores vulnerables y microempresas; aumentar las ayudas públicas a las empresas por parte de los Estados miembros —para los más ricos sería posible pero para España tendría muchas limitaciones, e imponer un impuesto temporal a los “beneficios caídos del cielo” como consecuencia del aumento del precio del gas natural (pero no de los derechos de CO2).
Es evidente que no puede objetarse nada a que los poderes públicos alivien la carga de las familias más vulnerables, que son muchas más ya por el efecto de la escalada de precios, pero el resto de las medidas suponen un auténtico dislate. Es como pretender parar una hemorragia con una tirita. Y esta es una hemorragia que amenaza seriamente a la economía del país.
Suena hiriente que se pretenda solucionar el problema sin entrar a modificar el esquema de formación de precios, aunque sea temporal y provisionalmente. El método de “cobrar para luego repartir”, que propugna la Comisión Europea, supondrá que la industria electrointensiva española tenga que seguir pagando unos precios astronómicos, sin ninguna vinculación con los costes de generación reales del 80% de la electricidad producida en nuestro país.
Desde UNESID, y junto con otras asociaciones sectoriales de la industria electrointensiva, proponemos que el Gobierno, por motivos de emergencia y con carácter temporal, desacople el efecto de los combustibles fósiles en el mecanismo de formación de precios de la electricidad. No hay ninguna justificación para que se mantenga ese sistema en la situación de emergencia de guerra que estamos padeciendo.
De no hacerse de este modo, el Gobierno español será responsable directo de los efectos perniciosos que una ausencia de medidas inmediatas y efectivas pueda tener en nuestra economía y nuestro empleo. Señores del Gobierno, no miren hacia los burócratas de Bruselas, que, muy felices en su torre de marfil, no serán responsables de esos efectos.
